El Gobierno frenó otra OPA de Pesa sobre Talgo y ahora no sabe qué hacer con ella

Lo de Talgo se ha convertido en el paradigma de la política económica de este nuestro Gobierno, más aún que el asalto a Telefónica o los tejemanejes de Indra. Vetos a OPAs con sentido industrial y beneficios para la empresa, los accionistas, lor trabajadores y el país, en favor de una alternativa mucho peor armada deprisa y corriendo -la de Sidenor y el Gobierno vasco-, que, como era de esperar, se ha venido abajo. ¿Y ahora, qué?

Como es sabido, el Gobierno vetó el año pasado la OPA de la húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon) porque… era húngara. Alegó unas confusas explicaciones de que esta empresa tenía relaciones con la Rusia de Putin a través de una filial en la que participa Alstom, por cierto. La realidad es que no iba a «entregar Talgo a los amigos de Vox», como les contó en su día OKDIARIO. Así entiende Pedro Sánchez la política industrial.

Lo que no es conocido es que la polaca Pesa, la segunda opción que se ofreció para comprar Talgo, tenía preparada una OPA sobre el 100% del capital aún mejor que la húngara, porque ofrecía 5,10 euros por acción en vez de los 5 de Ganz Mavag. La tenía lista a las 12 de la noche del 14 de febrero a la espera de «apretar el botón» y mandar el comunicado a la CNMV a la mañana siguiente.

Llamada de Moncloa

Pero, a primera hora, sus abogados recibieron una llamada de Talgo en la que se les informaba de que Manuel de la Rocha (el mismo fontanero de Moncloa que comunicó su despido a Pallete)no consideraba «conveniente» que lanzaran su oferta, que no era el momento y que mejor se retiraran. Segundo veto, y eso que en Polonia no gobiernan los «fachas» sino los centristas pro UE de Donald Tusk.

Es más, cuando les salieron con la tesis de la españolidad, Pesa se había abierto a participar en un consorcio con un socio nacional, pero nadie se puso en contacto con ellos. Como también les informamos aquí, la idea del Gobierno era que participara Criteria, o sea, La Caixa, pero su entonces capo Ángel Simón se negó: sólo financiaría la operación, pero no participaría. CAF también se puso de perfil y entonces apareció la siderúrgica vasca Sidenor como última opción.

Pero claro, Sidenor no iba a mandar porque los polacos querían gestionar ellos y fusionar las dos empresas; lógico, era la única forma de obtener sinergias que justificaran el precio, lo mismo que en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Sidenor quería mandar pero sin comprar el 51% del capital. Además, el citado BBVA se negó a financiar la operación para chantajear al Gobierno para que no impusiera condiciones a dicha OPA. Todo ello desembocó en el veto a Pesa.

Solución chapucera

Entonces, para salir del paso, el Gobierno y el PNV armaron a toda prisa un consorcio de Sidenor, un hasta entonces desconocido «fondo soberano» vasco llamado Finkatuz y las fundaciones de BBK y Caja Vital (ni siquiera la propia Kutxabank) que pagaba 4,15 euros, a años luz de las dos ofertas abortadas.

Además, estos extraños socios no estaban dispuestos a pasar del 30% para no tener que lanzar una OPA, lo que no solucionaba el problema de Talgo: la necesidad de dar salida al fondo Trilantic y las familias Oriol y Abelló, que controlan el 40% del capital. Faltaba un 10%, y para arreglarlo, otra chapuza: que lo compre la SEPI y que la CNMV se vuelva a tragar el sapo de que no hay concertación, como hizo con Indra, para no tener que lanzar OPA.

Pero hay otra institución bastante menos maleable que la CNMV que ha torcido el gesto: la Comisión Europea. ¿Por qué el Estado tiene que entrar en una empresa que compite en el mercado sin una excusa como el covid? Pues sería una ayuda de Estado como un piano y se le echarían encima justamente Ganz Mavag y Pesa, además de Alstom o Siemens.

¿Y ahora, qué?

Así que la SEPI ha empezado a recoger cable y a alargar indefinidamente el proceso, táctica habitual de Sánchez con sus promesas. Pero, en este caso, el PNV se ha cabreado porque Talgo es una de «sus» empresas estratégicas y no está dispuesto a que el presidente se la juegue con esto. La SEPI ha cambiado la compra directa de ese 10% por un préstamo participativo de 150 millones, y aun así parece que tampoco quiere asumirlo enteramente, sino que lo comparta el Gobierno vasco.

Y en esas estamos. Nadie sabe cómo se va a desfazer el entuerto, pero desde luego, no pinta nada bien para Talgo. Que necesita ampliar su capacidad industrial para conseguir nuevos contratos y que sigue con la espada de Damocles de la multa de 116 millones de Renfe. Son las consecuencias de esta política absurda basada en meros intereses políticos.