Las gestorías descuentan que van a desaparecer hasta el 15% de sus clientes por el coronavirus

Desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar sus primeros coletazos en el mes de marzo, los gestores administrativos han visto como sus despachos se colapsaban ante la avalancha de procesos y el aumento de la carga de trabajo, que comenzó con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los ceses de actividad de autónomos, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Sin embargo, alertan que la crisis del coronavirus provocará la desaparición de hasta un 15% de la cartera de clientes de las gestorías. 

Así lo ha explicado el presidente de los gestores administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero: «Las gestorías verán como durante el año 2020 desparecerán entre un 10% y 15% de sus clientes, tras el impacto de la crisis del coronavirus en el tejido empresarial español, que se suma a la mala gestión del Gobierno que no han llegado a tiempo para salvar a los 60.000 negocios que ya han cerrado sus puertas por su falta de rapidez a la hora de tomar medidas».

Un escenario que se traduce en la acumulación de posibles impagos en los despachos de los gestores administrativos, ante la cascada de cierres que está sufriendo el tejido empresarial español. En concreto, de los 200.000 negocios que se han quedado por el camino por el impacto de la pandemia en el tejido empresarial español, los gestores administrativos prevén que 60.000 ya han bajado la persiana por la falta de medidas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «No todos los clientes van a poder pagar, antes van a cerrar», vaticina.

Los empresarios se preparan 

La incertidumbre que ha generado la crisis del coronavirus ha provocado una avalancha de consultas de los empresarios en los despachos de abogados con el objetivo de preparar la reconstrucción de sus negocios, adelantándose al Gobierno. Los empresarios no quieren que el fin de los ERTE les pille de sorpresa en el mes de septiembre.

De momento, el Gobierno y los agentes sociales han acordado la prorroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. En concreto, a los expedientes de fuerza mayor total vigentes actualmente se les aplicará una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores.

Mientras, que para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de las cuotas será del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido notablemente estos porcentajes en comparación con los establecidos hasta el 30 de junio, que eran del 100% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más de 50, pero a cambio esta figura no desaparece con la llegada del 30 de junio.

¿Habrá o no derogación de la reforma laboral? Esta es una de la preguntas que más se realizan los empresarios y que ha disparado incertidumbre e inseguridad jurídica de la economía española. Ante esta situación, Santiago Ollero asegura que «en estos casos el primero que huye es el capital de inversión, provocando que muchos negocios no quieran agotar las posibilidad para continuar con la persiana abierta ante el miedo de que los despidos sean mucho más caros».

Las prohibiciones de Sánchez

En el caso de empresas que actualmente están activas pero que se vean obligadas a cerrar como consecuencia de un repunte de los contagios, se permitirá que puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, que contaría con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 60% si tiene más de 50 trabajadores.

La norma mantendrá hasta el 30 de septiembre la «prohibición» que estableció el Gobierno al despido durante seis meses por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad. Respecto a la contratación, el Gobierno no permitirá a las empresas en ERTE la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos.