Los funcionarios catalanes esperan presiones de Puigdemont y lanzan un protocolo para el referéndum
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones, ha lanzado el protocolo de actuación (que pueden consultar aquí) para todos los funcionarios catalanes para el día 1 de octubre, cuando se celebre el referéndum ilegal. En él, los funcionarios advierten que, en caso de recibir una orden ilegal, han de pedirla por escrito.
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha explicado en OKDIARIO que el hecho de pedirlo por escrito se hace “para demostrarlo”. En palabras de Borra, “hay que tener en cuenta que una orden verbal se puede negar”, por ello, “hay que pedir que cualquier orden que suponga una ilegalidad hay que requerirla por escrito, ya que tendrán la obligación de dártelo”. Es, a fin de cuentas, el paso previo para garantizar a los funcionarios que no se incurrirá en ningún tipo de situación ilegal.
Si, pese a haberla requerido por escrito, las presiones continúan, CSIF recuerda el principio de jerarquía, y los artículos 54.3 y 95.i del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que “establecen la obligatoriedad de cumplir las órdenes, y la responsabilidad disciplinaria en caso de no hacerlo, ello, salvo que constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico”.
Lamentablemente, Miguel Borra espera que, “si sigue adelante el referéndum sí que se producirán presiones”. Bajo su punto de vista, “ojalá no pase nada, pero si pasa, tenemos que estar preparados”. En este sentido, el presidente de CSIF recuerda que “al final, los culpables, en vez de ser la Generalitat o sus políticos, recae en los empleados públicos, y esa es nuestra principal preocupación”.
La Generalitat, en este sentido, podría intentar sancionar a aquel funcionario que desobedeciera las órdenes independentistas de Carles Puigdemont. Sin embargo, Miguel Borra recuerda que “tenemos el compromiso del Gobierno y de la Vicepresidenta del Gobierno, en la reunión que mantuvimos con ella el pasado 10 de mayo, nos trasladó de forma fehaciente, que el Estado no va a dejar desamparado a ningún empleado público que cumpla la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.
De este modo, el protocolo que CSIF ha preparado para el día del referéndum, recuerda que, en caso de que se produzcan estas presiones, el funcionario se ha de poner en contacto, por escrito, con la dirección de servicios de su Administración (Departamento o Ayuntamiento), indicando su disconformidad con la orden. Además, los funcionarios recomiendan también denunciarlo en Fiscalía.
Los funcionarios que lo deseen, pueden dirigirse a CSIF para “denunciar las situaciones de acoso laboral, provocadas al instárseles a cumplir órdenes ilegales por sus superiores”. CSIF, respetando su confidencialidad, realizará las actuaciones sindicales oportunas con carácter colectivo, o individual para la defensa de los mismos.