Díaz adjudicó con un descuento del 35% el contrato informático en el SEPE previo al ‘hackeo’

El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, adjudicó en noviembre con un 35% de descuento el contrato del «Servicio de monitorización y análisis para la detección de problemas que afecten al rendimiento de aplicaciones informáticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)». El ganador de este contrato a precios de derribo fue la compañía GFI Informática, con sede en Francia, pero controlada por Manai International, un grupo empresarial de origen qatarí -compró en abril de 2020 Informática El Corte Inglés-. Tres meses después, el organismo que gestiona los ERTE y las prestaciones por desempleo ha sufrido un ‘hackeo’ que dura ya seis días sin que se haya restablecido plenamente.

El valor estimado del contrato por Trabajo -dos años de duración- fue de 987.500 euros. El presupuesto base del concurso abierto por el SEPE fue 477.950 euros con impuestos incluidos, según el pliego del mismo. Sin impuestos, ascendía a 395.000 euros.

El 19 de noviembre pasado el organismo adjudicó finalmente el contrato a GFI Informática por 312.007 euros con impuestos incluidos, un 35% inferior a lo presupuestado. El organismo desechó una segunda oferta de otra empresa que superaba los 350.000 euros, según el pliego de condiciones publicado.

Las conocidas como bajas temerarias son uno de los lastres que denuncian desde las empresas, ya que prima el precio sobre la calidad de la oferta. Se considera que una oferta es baja temeraria cuando el precio ofertado es un 25% inferior al del presupuesto de la licitación. En este caso es de un 35%, aunque al haber una segunda oferta ya no se considera baja temeraria puesto que no es un 20% inferior a la de su competidor.

El SEPE adjudicó finalmente el contrato a GFI Informática por 312.007 euros con impuestos incluidos, un 35% inferior a lo presupuestado: desechó una segunda oferta que superaba los 350.000 euros

Trabajo justificó la apertura de este proceso por la necesidad de contratar a una empresa «debido a los constantes evolutivos de las aplicaciones a los que es sometido el organismo», que hacían imprescindibles los servicios profesionales de monitorización y análisis para la detección de problemas que afecten al rendimiento de aplicaciones informáticas, además de la instalación y uso de una aplicación APM (Application Performance Management) durante la prestación de el servicio.

Justo en ese momento, noviembre, el organismo estaba sufriendo un atasco importante por el incremento de las prestaciones para los empleados en ERTE, más de tres millones en abril por la declaración del estado de alarma y que todavía a fecha de hoy rozan el millón de trabajadores. Durante meses, los empleados del organismo han denunciado la falta de personal y de medios para hacer frente a este incremento de trabajo en tan poco tiempo, que ha dejado a miles de ciudadanos sin cobrar su prestación.

‘Hackeo’ en el SEPE

Apenas tres meses después de adjudicar este contrato a la oferta más baja, el organismo dependiente de Trabajo ha sufrido un ataque informático que le ha dejado sin funcionar durante seis días. Este lunes se ha restablecido parcialmente el servicio en las oficinas, pero sigue sin funcionar el sistema informático para que personas en situación de desempleo o trabajadores en ERTE puedan realizar sus gestiones.

Los empleados del organismo advierten de que el retraso va a afectar al cobro de las prestaciones de marzo, que se suele cerrar los días veinte de cada mes. El director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha señalado que el plazo se ampliará los días que esté sin servicio el organismo, y ha garantizado que no habrá retrasos en el cobro de las ayudas.