La familia Del Pino, dueños de la constructora Ferrovial, no temen los efectos que pueda tener el Brexit -se ha hecho efectivo este viernes, 31 de enero- y han decidido en el último trimestre de 2019 invertir a través de su sicav  Allocation en dos compañías británicas y ampliar su posición en una tercera, Lloyds.

Los Del Pino han apostado por British Telecom y por Barclays, además de ampliar su posición en otro banco, Lloyds, donde ya suma 2,1 millones de euros invertidos. En la operadora británica han adquirido títulos por valor de 1,6 millones de euros y en Barclays, 1,29 millones.

Hay que recordar que, en un rueda de prensa el pasado miércoles, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, también restó importancia a los efectos del Brexit para la constructora de la familia.

Además, la sicav de los Del Pino ha entrado también durante este último trimestre en Renault, compañía en la que ha invertido 1,43 millones de euros.

Entre las desinversiones, destaca principalmente la de la operadora holandesa KPN, donde ha resuelto la participación que tenía en este último trimestre, 1,45 millones de euros.

Tras estos movimientos, la sicav de los Del Pino ha cerrado el año con un patrimonio de 410 millones, superior a los 363 millones de 2018. Suma ahora 200 accionistas, frente a los 111 de 2018. La rentabilidad sin anualizar ha sido del 10%, frente al -6,1% del año anterior.

Pillados en Popular

La gestora recuerda en su informe que aún no ha avanzado ni un milímetro su proceso judicial contra la Junta Única de Resolución bancaria (JUR) y contra el FROB español, que decidieron la resolución del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Santander, en julio de 2017.

«La sociedad contaba en cartera con un bono emitido por Banco Popular afectado por esta medida, perdiendo su valor y siendo automáticamente amortizado. Aunque la cartera tenía una exposición limitada al bono indicado, la sociedad ha interpuesto las siguientes acciones legales: (i) recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de 7 de junio de 2017; y (ii) recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB de 7 de junio de 2017. Ambos recursos se encuentran pendientes de admisión a trámite», explica el informe.