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Cuenta atrás en CEOE para frenar a Sánchez: Garamendi pide no romper el diálogo social

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, junto a Reyes Maroto.

A la CEOE no le gusta nada la idea que tiene Pedro Sánchez de, a pocas semanas de acabar su legislatura, modificar con creces la reforma laboral.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que, "aunque la legislatura ha descarrilado", el Gobierno está trabajando para la modificación de los aspectos centrales de la reforma laboral. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en declaraciones a OKDIARIO, se ha mostrado "muy preocupado" por esta posibilidad.

El Gobierno quiere centrar su contrarreforma laboral en tres puntos: igualdad, negociación colectiva y pensiones. Sin embargo, lo cierto es que, hasta el momento, CEOE sólo ha cerrado un acuerdo con ellos en el primer punto, como ya avanzó este periódico. Sánchez ya ha pactado con CEOE y sindicatos modificar la Ley de Igualdad para obligar a las pymes a tener planes de Igualdad o adaptarse a las jornadas de empleados con hijos menores a 12 años. Pero no logra desatascar la negociación de los convenios colectivos o la reforma de las pensiones.

"Los empresarios estamos muy preocupados ante el anuncio de la ministra de Trabajo de cambiar varios aspectos de la reforma laboral de 2012, antes de que se celebren las elecciones generales en España el próximo día 28 de abril. Creemos que no tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobar un Real Decreto Ley laboral con clara vocación electoralista antes de los comicios", ha explicado Garamendi a OKDIARIO.

"Entendemos que cambios legislativos tan relevantes deben aprobarse mediante un Proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley. Esta última opción excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseables en todo proceso democrático", continúa el presidente de la patronal.

Y es que desde CEOE quieren recordar que "la Constitución Española limita el recurso al Real Decreto-Ley a los supuestos en que concurra una extraordinaria y urgente necesidad". La Carta Magna garantiza la máxima restricción del empleo de este tipo normativo que, en última instancia, priva al Congreso de los Diputados y al Senado de la potestad de dictar Leyes con la suficiente deliberación de todos los Grupos Parlamentarios. Por ello, "a los empresarios nos preocupa que se pueda romper de forma unilateral el diálogo social. CEOE y CEPYME avisan de que no tiene sentido volver a orillar el diálogo tripartito", concluye Garamendi.

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