El Consejo Europeo negocia in extremis con los países para financiar el presupuesto de la UE con nuevos impuestos
António Costa busca fórmulas para que los Estados resuelvan sus diferencias y no llegar a las elecciones francesas sin acuerdo
En estos momentos, el político portugués António Costa está enfrascado en la negociación más difícil y más importante de todas las que ha tenido que llevar a cabo desde que preside el Consejo Europeo. Costa se propone conseguir que los países del norte de Europa (Alemania, Holanda o Países Bajos) y los del sur (España o Italia) limen sus diferencias por ahora aparentemente irreconciliables y se avengan a pactar un nuevo presupuesto para la Unión Europea; y además, quiere lograrlo de modo que el texto pueda estar cerrado antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, de modo que las cuentas queden blindadas ante una posible victoria de la euroescéptica Marine Le Pen.
Una vez agotadas las balas de la Comisión, que ha visto como ninguna de sus propuestas presentadas hasta ahora tocaba ese término medio que satisfaga las aspiraciones de todos los Estados, y después del sonoro fracaso del plan remitido por Irlanda el pasado diez de octubre, ahora la pelota está en el tejado del portugués, que hace apenas un mes se ofreció a hacer de mediador y a conseguir un texto de consenso que las capitales puedan tratar en una cumbre de urgencia convocada para los días 26 y 27 de noviembre.
Según explican a OKDIARIO fuentes cercanas a la negociación, en los últimos días el presidente del Consejo ha estado manteniendo reuniones bilaterales con los representantes de los Estados miembro. Los encuentros se celebran uno a uno y en el más absoluto secretismo, aunque se sabe que uno de los temas que Costa ha puesto sobre la mesa es la posibilidad de que la UE recaude más impuestos de manera directa, una fórmula que podría servir para mantener o incluso rebajar las aportaciones de los países -como quieren los del norte- sin esquilmar el presupuesto.
Como ya se ha avanzado, el desafío no podía ser mayor. De hecho, algunos en Bruselas ya hablan abiertamente de un regreso a la Europa anterior al Tratado de Maastricht (1992) si el Frente Nacional se hace con la victoria en las presidenciales; es decir, que la UE podría verse expuesta a sufrir un recorte económico que pondría en jaque la viabilidad de programas clave como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de Cohesión, que durante muchos años han sido la llave para que los países de la periferia se acerquen a los más industriosos en términos de renta.
El problema de partida es bien sencillo, y es que el uno de enero de 2028 concluye el período de aplicación del actual Marco Financiero Plurianual (MFP) -el equivalente a unos Presupuestos Generales del Estado para los Veintisiete-, lo que significa que antes de esa fecha los Estados miembro tienen que haber acordado cuál será el marco de gobernanza del próximo MFP, que estará en vigor hasta 2034.
Y como ocurre cada siete años, el asunto más peliagudo está siendo la aportación que tendrán que hacer los Veintisiete para financiar a la UE, pues una vez más se evidencia la división de opiniones entre los países del norte y el sur; puesto que tradicionalmente han sido contribuyentes netos, los primeros (los llamados frugales) quieren poner menos recursos en la caja común, mientras que los segundos (los amigos de la cohesión) desearían todo lo contrario.
El entuerto podría resolverse dilatando un poco la negociación, pero este año la Comisión no cuenta con esa baza porque las elecciones que se van a celebrar primero en Francia y luego en varios países de la UE (Alemania, Polonia o Italia) dibujan un calendario electoral endiablado y en el que fuerzas de corte euroescéptico apuntan a ganar peso.
Como ya explicó este periódico, esto ha convencido al Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen de la necesidad de cerrar las cuentas antes de que acabe este año, pero las semanas pasan y lo cierto es que las posiciones cada vez parecen más alejadas. Esto último se evidenció hace apenas un mes, cuando Irlanda puso sobre la mesa un recorte del 8% que se topó con el ‘no’ rotundo de países como España o Italia; y mientras esto ocurre, Berlín amenaza con oponerse a cualquier texto que no incluya un drástico tijeretazo.
Este es el contexto de la intervención de António Costa, un político que goza de buena reputación en las sedes diplomáticas y que ahora gana protagonismo como el hombre que quizá pueda salvar los muebles. Lo cierto es que Bruselas ha hecho de todo para intentar que los Estados le aprueben su plan para el nuevo MFP, que pasa por dotar a la UE con dos billones de euros hasta 2034. Von der Leyen ha ofrecido dinamitar el actual marco de gobernanza del presupuesto para que sean los países los que decidan qué gastos quieren priorizar, ha aplicado un sonoro tijeretazo a la PAC -a costa del enfado de los agricultores- y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la UE recaude nuevos impuestos.
Nada de esto ha funcionado. Como ya se ha avanzado, el pasado mes de octubre las posiciones entre las partes se alejaron aún más cuando Irlanda -en calidad de país presidente rotativo del Consejo- se puso claramente del lado de los ahorradores al apostar por un recorte del 8%, cosa que provocó un rotundo rechazo por parte de Roma y Madrid.
Visto el fracaso de las negociaciones, entonces Costa dio un paso al frente al convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo para los próximos 26 y 27 de noviembre, una cita que quiere preparar con la publicación de un texto preliminar una semana antes en el que pretende recoger varias sensibilidades distintas. Según fuentes conocedoras del caso, el documento que verá la luz el próximo sábado incluirá nuevas fuentes de ingresos propios (impuestos que la UE cobrará directamente a sus ciudadanos) como una vía para compensar una hipotética reducción de las aportaciones nacionales.
Hasta ahora, el canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado abierto a hablar de nuevos gravámenes, pero el problema es que al mismo tiempo insiste en que esto no puede ser la excusa para evitar aplicar una severa reducción del gasto.
No será una negociación fácil, pues no hay que olvidar que la primera propuesta presentada por la Comisión para el futuro MFP ya incluía una batería de nuevos gravámenes, cosa que los países del norte recibieron con escepticismo cuando no oposición. Concretamente, el plan de Von der Leyen pasaba por crear cinco nuevas figuras fiscales (impuestos al tabaco, residuos electrónicos, emisiones de Co2, grandes empresas e importaciones) con las que recaudar 300.000 millones de euros ‘extra’ hasta 2034, a razón de 44.000 al año.