La presidencia irlandesa propone recortar un 8% el presupuesto europeo y abre la guerra entre el norte y el sur

Irlanda ha presentado su muy esperada propuesta de negociación para el próximo presupuesto de la Unión Europea -el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP)-, que estará vigente de 2028 a 2034, y de su lectura puede anticiparse que los países denominados ‘frugales’ quedarán satisfechos. Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia, que son algunos de los que tradicionalmente han sido contribuyentes netos a las cuentas de la Unión Europea frente a sus vecinos del sur, llevan meses exigiendo un recorte a la Comisión Europea con respecto a su propuesta inicial, y hoy Dublín se ha puesto de su lado.

El calendario ha querido que el Gobierno de la isla sea un actor clave en el proceso, pues durante el segundo semestre de este año le corresponde ostentar la presidencia rotativa del Consejo Europeo, el órgano que representa a los Estados y a cuyo líder se le encomienda presentar la llamada ‘negotiating box’, que es el documento base a partir del cual las capitales van a negociar su posición.

Puesto que la intención declarada del equipo de Ursula von der Leyen es cerrar el pacto presupuestario antes de que termine 2026, el tiempo apremia y por ello el documento que hoy ha publicado Irlanda era muy esperado. A partir de ahí, está por ver cómo reaccionan los Estados miembro, sobre todo los del sur.

En principio, ganan los frugales, pues la presidencia propone un ajuste del 8% con respecto a la propuesta de Bruselas, el equivalente a una minoración de 141.000 millones de euros que lleva el montante total de los fondos para 2028-2034 al 1,16% de la renta nacional bruta de la UE.

Para calibrar la verdadera naturaleza del problema que enfrenta Europa, hay que empezar por recordar que la intención de Von der Leyen era que el presupuesto alcanzara el 1,26% de la renta comunitaria. E incluso esa era considerada por muchos una cifra de mínimos, pues apenas alcanza para cubrir el gasto en la Política Agrícola Común (PAC), los fondos de cohesión -una partida que desde que se fundó la Unión ha sido clave para limar las diferencias de riqueza entre países- y la batería de inversiones en defensa, competitividad y tecnología que Mario Dragui recomendó en su ya célebre plan que debía ser la hoja de ruta para el futuro del Viejo Continente.

Y a estas obligaciones hay que sumar la deuda de los fondos de recuperación, pues a partir de 2028 la UE va a tener que empezar a devolver a los mercados el dinero que pidió prestado para desplegar el programa Next Generation. En total, Bruselas tendrá que reembolsar 400.000 millones de euros con cargo a su presupuesto, aunque entre 2028 y 2034 solo devolverá un primer paquete de 169.000 millones a razón de 25.000 millones al año.

A Von der Leyen no le salían las cuentas, así que incluyó en su programa una miríada de nuevos impuestos con los que pretende recaudar 44.000 millones más al año. Con todo, el Ejecutivo comunitario espera ingresar 90.000 millones de euros anuales procedentes de sus propias figuras tributarias y 162.000 de los Estados.

Sin embargo, desde este sábado esa hoja de ruta ha quedado en cuestión, ya que Irlanda ha decidido que las negociaciones empiecen muy lejos de donde quería situarlas Von der Leyen; valga este dato para ilustrarlo, y es que, si se excluye el pago de la deuda Next, el plan presupuestario de Dublín equivale a apenas el 1,05% de la renta europea.

Esto agradará en Berlín o Viena, pero no en Madrid, Roma o París, que en los últimos meses ya venían protestando por la amenaza de recorte fiscal; principalmente, por la rebaja de la PAC, que Bruselas fijó en alrededor de un 20%, hasta dejar los fondos disponibles para subvencionar a los agricultores en unos 300.000 millones.

El documento remitido por Irlanda no habla de cantidades específicas para el campo, pero del mismo sí se desprende que su intención es mantener ese recorte más o menos como lo propuso la Comisión, hecho que ya de por sí se anticipa polémico.

Donde la presidencia sí propone un ajuste sensacional es en la partida de competitividad, que es precisamente una de las que el plan Dragui consideraba fundamentales. En concreto, la dotación de este capítulo pasa de 522.205 a unos 456.000 millones de euros, lo que supone una minoración cercana al 13% respecto al plan original.

El ajuste afecta también a la partida destinada a financiar la acción exterior de la Unión, cuya dotación se reduce en un 17% respecto a lo que quería la Comisión, hasta los 157.000 millones de euros; esta minoración se concentra en el mecanismo ‘Global Europe’, con reducciones en las asignaciones para distintas regiones, entre ellas el África subsahariana, Oriente Próximo, Norte de África, América Latina y el Caribe. Quedan fuera de la lista Ucrania, que mantiene su financiación, así como la reserva de 25.000 millones de euros a precios corrientes para ayuda humanitaria.

Cumplido este trámite, ahora la pelota queda en manos de los Veintisiete, que la próxima semana se verán las caras para discutir las cuentas del período 2028-2034, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo antes de que termine 2026. No será fácil.