La CEOE hará ‘lobby’ en el Congreso si el Gobierno les excluye de los cambios en la reforma laboral

Los empresarios españoles han querido, en el arranque de la legislatura, comenzar haciendo un gesto de buena voluntad a Pedro Sánchez: aprobar una subida del salario mínimo a 950 euros, aunque el paso lo han dado a regañadientes y ha desatado algunas críticas a nivel interno.

Los más críticos con el alza del SMI justamente no han sido las grandes empresas, que suelen tener salarios más elevados al mínimo legal, sino los colectivos de autonómos o de agricultores, que son los que, junto a las empleadas del hogar y el comercio, más se pueden ver dañados por esta medida.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lo ha dejado claro en sus múltiples declaraciones públicas: con este paso han permitido que el SMI no se suba de golpe a 1.000 euros y, además, permite a los empresarios comenzar con buen pie con una ministra de Podemos, Yolanda Díaz, a la que inicialmente no querían en el cargo pero con la que tienen que llevarse bien. Los técnicos de la patronal negocian con ella en decenas  de mesas de diálogo, donde las compañías quieren que se siga escuchando su voz. Es su razón de ser.

Sin embargo, CEOE no sólo tendrá que hacer encaje de bolillos para intentar que el Gobierno escuche y acepte sus posiciones en el mercado laboral, sino que tiene muchos otros frentes abiertos: la formación, las pensiones, los impuestos…

En cuanto a la formación, por ejemplo, en la patronal prefieren que los más de 2.000 millones queden en manos de Yolanda Díaz y no de Celaá. La razón: que los cursos de formación debe estar en el ámbito de la empresa, de la producción y no en Educación, que consideran academicista, reglado, alejado de la empresa. En este tema, por ejemplo, les da igual la ideología del ministro.

Es decir, que la tesis de los empresarios es que en el Gobierno no siempre los que se suponen más amigos tienen por qué serlo. En CEOE recuerdan bien como el Gobierno de Rajoy (teóricamente «amigo») cambio la normativa en este ámbito y tuvieron que elevar la voz de alarma, aunque ahora la ministra de Empleo de entonces, Fátima Báñez, es muy cercana a Antonio Garamendi y en otras cuestiones sí que hubo grandes coincidencias.

Por ahora, las declaraciones públicas sobre la reforma laboral, el termómetro que medirá si la paz social se mantiene en España, son contradictorias. Yolanda Díaz ha asegurado que derogará, sí o sí, la reforma laboral del PP tras reunirse este viernes con los agentes sociales. A esa misma hora, Antonio Garamendi avisaba que buscarán un acuerdo y si no negociarán en el Parlamento.

Garamendi ha afirmado, en un foro empresarial en el País Vasco, que los empresarios están dispuestos a «sentarse» con el Gobierno para «mejorar» la reforma laboral vigente. Pero avisaba: «Es un momento importante de reflexión para poder hacerlo y, si no, lógicamente trabajaremos en el Parlamento porque al final es el que tiene que llevar adelante estas reformas u otras», manifestó.

El presidente de CEOE mostraba así una de las cartas maestras a la que recurrirán los empresarios durante esta legislaturas: el periodo de enmiendas que tras la aprobación de una reforma se abre en el Parlamento. Siempre la han utilizado. Y en ocasiones con buenos resultados.

Una de las negociaciones más recientes entre bambalinas -y en la que los empresarios quedaron satisfechos- fue la que obligó a las empresas a crear un registro horario, una medida que el PSOE y los sindicatos querían inicialmente que fuera mucho más agresiva y que CEOE consiguió retocar. Y rebajar.

En esta legislatura la cuadratura del círculo se tendrá que hacer sí o sí en la Cámara Baja, ya que los apoyos del Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen posiciones muy contradictorias en temas económicos. Por ejemplo, el PNV no apoyaría una derogación completa de la reforma laboral y Garamendi, que es de origen vasco y desde que llegó hace poco más de un año a la presidencia de la CEOE está potenciando el contacto con diversos presidentes autonómicos, sabe que la partida aún no está decidida.