CEOE denuncia la subida brutal de la fiscalidad sobre las empresas, que llegará hasta el 11% del PIB

El Instituto de Estudios Económicos, que forma parte de la patronal CEOE, ha denunciado hoy la subida agresiva de la presión fiscal sobre las empresas, que alcanzará en 2023 el 11% del PIB, superior a las cotas ya elevadas del año anterior a la pandemia, en el que se situó en el 10,3%. En un contexto de ralentización económica y de incrementos de todos los costes
empresariales -materias primas, energía y laborales- constituye un error aumentar también los costes fiscales que soportan nuestro tejido productivo, ya que ello va en detrimento de la competitividad, la actividad económica y la creación de empleo., aseguró Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y máximo responsable del Instituto.

Los ingresos tributarios presupuestados para 2023, por importe de 262.781 millones, son los máximos de la historia de España y superan las cifras de 2019, anteriores a la pandemia, en casi 50.000 millones. O lo que es lo mismo, ante un incremento del PIB nominal del 11,5% (si se cumplen las previsiones para 2023), la recaudación se incrementa en un 23,4%, es decir, más del doble. Ello supone un aumento muy notable de la presión fiscal, que alcanza un 42,1% para 2022, con una subida estimada de más de una décima en 2023, hasta el 42,3% en un momento de gran incertidumbre económica, según los cálculos de la patronal española apoyados en los datos facilitados por el Gobierno.

Según Fernández de Mesa, acompañado por el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, la recaudación sube en todos los impuestos principales. Por ejemplo, en el IRPF se prevé un incremento de recaudación del 7,7% y en el IVA del 5,9%. Pero llama especialmente la atención el aumento de recaudación y la carga fiscal adicional que se aplica al tejido
empresarial. Por el Impuesto sobre Sociedades, la recaudación estimada se incrementaría en un 7,7%, con una subida acumulada de un 20% desde la situación anterior a la pandemia, tras una situación de crisis económica que ha llevado a muchas empresas a acumular pérdidas. A lo que se suma también el aumento de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social en un 11,54%, debido fundamentalmente a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%.

Estas subidas del Impuesto sobre Sociedades (IS) y de las cotizaciones sociales hace que la presión fiscal empresarial (en su expresión de Impuesto de Sociedades más cotizaciones) haya pasado de un 10,3% en 2019 a un 10,7% en 2022, y llegará a una cifra superior al 11% para 2023, alejándonos cada vez más de la media de la UE, que se sitúa por debajo del 10%.
De las medidas fiscales anunciadas para 2023, son las empresas las que soportan en su mayor parte el incremento de impuestos. En concreto, recae sobre las compañías tres cuartas partes del total, 4.235 millones.

Tanto Fernández de Mesa como Izquierdo lanzaron una dura crítica a los presupuestos del Estado, que presentan un marcado carácter cortoplacista, y en los que está completamente ausente el compromiso con una estrategia de ajuste del déficit pública y de la deuda a medio plazo, a pesar de que están entre los más elevados de Europa. Por estas razones, «el IEE considera
que estos Presupuestos Generales no son adecuados para la economía española. En un momento especialmente incierto de ralentización económica y endurecimiento de las condiciones financieras, es importante poner el foco en la eficiencia del gasto público y en atenuar la desaceleración». «Para garantizar la sostenibilidad del
crecimiento económico y nuestra credibilidad hacia el exterior es importante que los Presupuestos sean prudentes en la estimación de los ingresos y en los compromisos de gastos», algo a lo que ha hecho caso omiso el Gobierno, según los empresarios.

El IEE estima que la economía española crecerá en 2023 un 1,2%, muy por debajo del 2,1% estimado por la vicepresidenta Nadia Calviño. También considera que España finalizará  2022 con una ratio de deuda pública sobre PIB del 115,2%, una de las más altas de la UE, y que las perspectivas de reducción en años venideros, son a todas luces insuficientes.
A su vez, y según las previsiones incluidas en los Presupuestos, la ratio de déficit público sobre PIB cerraría en el 5% del PIB este año, y en el 3,9% del PIB el próximo ejercicio. Estos niveles están todavía muy alejados de los estándares requeridos por Europa sobre estabilidad
presupuestaria (3% del PIB) y son mucho más abultados que los registrados en 2019, a pesar de que se superan los niveles de PIB nominal prepandemia. Por último, «la situación en términos de déficit estructural es aún peor, no solo por la magnitud del saldo -por encima del 4% del PIB, uno de
los más elevados de toda la UE-, sino porque se ha empeorado claramente respecto a los niveles precrisis.

A juicio del IEE, la evolución del gasto público planteada en los presupuestos refuerza la dinámica de la inflación de la economía española, puesto que algunas de las partidas de gasto corriente -pensiones y sueldos de los funcionarios- que mayor contribución tienen están indexadas a la evolución del IPC del periodo anterior. Ello traslada, no solo una necesidad de mayores ingresos futuros, sino que ejerce una mayor presión sobre la inflación a través de los efectos de segunda ronda y restan eficacia a las
medidas adoptadas para la contención de los precios incluidas en los presupuestos.