Las calles estallan en Francia con las huelgas contra Macron: «Si no bloqueamos, no nos escuchan»

«Si no bloqueamos, no nos escuchan». Miles de personas se han manifestado este martes en Francia, que vive una jornada de huelga para reclamar aumentos salariales que compensen la inflación y solidarizarse con los huelguistas de refinerías que el Gobierno requisó.

«Hay que resistir. Todos los derechos están atacados. Si no hacemos nada, no logramos nada», dijo a AFP Frédérique, una auxiliar de enfermería de 53 años, antes de participar en la marcha celebrada en París bajo un cielo gris.

Más medios para escuelas, hospitales y para la seguridad social, abandono de las reformas del seguro por desempleo y del atraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años, alza salarial por la inflación… Los reclamos no faltan.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de cuatro sindicatos y varias asociaciones juveniles fue que el gobierno requisó personal en huelga en refinerías para paliar el desabastecimiento de combustible desde hace semanas.

Valérie, una funcionaria de 54 años y miembro de la central sindical CGT –la segunda del país–, protesta «por solidaridad con los trabajadores de las petroleras». «Si se requisa la gente, ¿dónde queda el derecho de huelga?», aseguró.

Aunque todavía no hay datos globales sobre las manifestaciones que congregaron a miles de personas en varias ciudades, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, ya anunció una «continuación» de las protestas.

Estudiantes de liceos profesionales, empleados del sector de la energía o de los transportes, comerciantes, funcionarios, etc., estaban llamados al paro para defender el derecho a huelga y reclamar un aumento de sueldo.

La huelga, tres días antes de dos semanas de vacaciones escolares, tuvo no obstante un seguimiento desigual. En los transportes, la región de París registró por ejemplo las principales perturbaciones, aunque moderadas.

«Salario mínimo de 2.000 euros»

La huelga, que rechazan un 49% de los franceses según un sondeo de Elabe, llega en un contexto social tenso y representa el preludio de un otoño e inviernos calientes para el impulso reformista del presidente Emmanuel Macron.

El temor a perder poder adquisitivo fue la principal preocupación de los franceses durante el último ciclo electoral de abril a junio y el llamado a ahorrar energía para evitar cortes en invierno enrarece el ambiente.

Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a la respuesta de Moscú a las sanciones occidentales, disparó los precios de la energía y de la alimentación.

Curtido por la protesta social de los «chalecos amarillos», cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el gobierno del liberal Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía.

Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% interanual, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según Eurostat.

Pero para los huelguistas, es necesario aumentar los salarios para compensar el aumento. «Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (1.970 dólares), que equivale a un aumento de 300 euros (295 dólares)», dijo en la radio RTL Martinez.

El reclamo de un alza del 10% motivó la huelga en el gigante energético TotalEnergies iniciada a fines de septiembre y que provocó, junto a la ya desconvocada en su rival Esso-ExxonMobil, un desabastecimiento de combustible.

La primera ministra, Élisabeth Borne, aseguró ante la Asamblea Nacional (Cámara Baja) que menos de un 25% de las gasolineras continúan con problemas de suministro, frente a un 30% el fin de semana, y llamó a poner fin a la huelga.

«Superbeneficios»

Los empleados en huelga en TotalEnergies rechazan el acuerdo alcanzado con una mayoría sindical de un alza del 7% en 2023, a su juicio insuficiente, ya que la empresa obtuvo más de 10.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre de 2022.

Macron rechaza imponer un gravamen nacional a estos «superbeneficios», una decisión que a juicio del diario Liberación lo sitúa «en el campo de la gran patronal» y «en total deconexión con una gran parte de los franceses que sufren la inflación cada día».

Su gobierno se prepara incluso para recurrir a un polémico método parlamentario -«probablemente» el miércoles, según su portavoz- para evitar un alza del impuesto a los «superdividendos» en las grandes empresas.

Si activa al método del 49.3, el gobierno podría aprobar su proyecto inicial de presupuesto para 2023 sin el voto de la Asamblea Nacional (cámara baja), cuyos diputados incluyeron esta propuesta en el debate parlamentario en curso.

Pero con este movimiento, el presidente se arriesga a reforzar su imagen de «autoritario» y tensar el ambiente antes de la explosiva reforma de las pensiones a inicios de 2023, que está decidido a sacar adelante.

Su primer intento de acercar la edad de jubilación a la de la mayoría de países europeas provocó protestas masivas en 2019 y 2020. Ahora, Macron amenaza incluso con disolver la Asamblea, donde tiene mayoría simple, si esta no lo aprueba.