La amenaza brasileña golpea a Santander, Repsol y Telefónica

Llueve sobre mojado. La decisión de la agencia Standard&Poors de rebajar la calificación crediticia de Brasil hasta el nivel de bono basura ha supuesto un duro golpe para las multinacionales españolas que tienen un gran volumen de negocio en el país. Sin embargo no es la primera vez que las empresas del Ibex-35 sufren el impacto de las turbulencias por las que pasa el gigante emergente, que pasa por una grave recesión con una inflación del 9,5%.

Aunque la jornada bursátil de ayer se cerró con una leve caída del 1,78%, valores como Santander, Telefónica y Repsol pueden seguir registrando bajadas en los próximos días. Según explica el diario Expansión, el peso de Brasil en el margen (beneficio) del Santander es del 28% y no es casualidad que la acción haya caído un 26,9% en lo que va de año. Repsol, con un peso mucho menor de la actividad en Brasil en relación con su facturación ha registrado una bajada de la cotización del 23,8%.

Sin embargo, la principal noticia de portada de Expansión tiene como protagonista a El Corte Inglés, que “rebaja el coste de su deuda” al cerrar su plan de refinanciación, lo que le ha permitido reducir el tipo de interés del 4% a poco más del 3%. El importe del préstamo es de 3.543 millones de euros, cantidad que se suma a la inyección de 1.000 millones aportada por el socio catarí Hamad Al Thani.

Por su parte, Cinco Días celebra la victoria del Grupo Santander en la batalla regulatoria que definirá el nuevo marco financiero internacional (Basilea). El último borrador de la normativa, al que ha tenido acceso el diario, “suprime la diferencia de trato que se había implantado entre las entidades que operan a través de filiales”, como es el caso del Santander. Esto supone que el Grupo español no sufrirá una penalización en sus costes.

Finalmente, El Economista dedica su foto de portada al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que “ofrece a Cataluña ceder el IRPF”. Según explica el diario “el ministro propone en víspera de la Diada y a quince días de las elecciones una reforma constitucional después de las generales”.

En realidad, Margallo lo que propuso es que cada comunidad autónoma gestione la totalidad del Impuesto sobre la Renta y los Impuestos Especiales, de forma que si un gobierno autonómico quiere elevar el gasto público, deba subir los tributos a sus ciudadanos, en lugar de delegar la decisión al Estado. Esto supone una corresponsabilidad fiscal que, si bien reduciría el apetito de los presidentes regionales por el gasto, perjudicaría a la gran mayoría de las comunidades autónomas, al romper el principio de solidaridad territorial.