El 90% de la industria que pidió instalarse en España en 2024 no pudo por falta de capacidad eléctrica

España se está pegando un tiro en el pie en el sector energético. El cierre de las nucleares, cuando el resto de Europa y del mundo las está rescatando para garantizar el suministro, y la falta de inversión en redes eléctricas están ahuyentando a centenares de inversores internacionales que no pueden instalar su negocio en España por falta de capacidad eléctrica, es decir, por no tener donde enchufar sus máquinas.

Así lo subraya un informe de PwC, que pide al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se pongan de acuerdo en desarrollar una política energética sin divergencias. Según destaca PwC, en 2024 el 90% de los negocios que solicitaron engancharse al sistema eléctrico para abrir sus negocios en España no pudieron hacerlo por falta de capacidad eléctrica.

En concreto, algo más del 90% de la capacidad solicitada por sectores económicos clave, como la industria, los centros de datos, el almacenamiento energético o los puntos de recarga para vehículos eléctricos, fue rechazada porque las redes eléctricas ya están colapsadas. No hay más capacidad.

Y, en medio de este escenario, la ministra de Transición, Sara Aagesen, ha rectificado y ha propuesto elevar los límites impuestos a la inversión en redes eléctricas -11.300 millones extra hasta 2031-, pero Competencia ha limitado las primas a estas inversiones al 6,46% en su primera propuesta, que ha amenazado con no variar pese a las presiones del sector.

De acuerdo con el informe de PwC, la propuesta de retribución de Competencia para el periodo 2026-2031 supone en realidad reducir en 3.600 millones de euros las primas a las inversiones del anterior periodo. Un palo enorme para el sector, que pide entre un 7% y un 9% para acometer las inversiones que necesita España.

A la espera de si Aagesen se impone a Competencia y le fuerza a elevar su propuesta de retribución, PwC exige «modernizar el marco regulatorio para que España resulte más atractiva para la inversión en redes eléctricas». «Esto implica establecer un esquema de retribución que refleje de manera realista el incremento del coste de capital desde 2020 -estimado en alrededor de 200 puntos básicos- y que esté en línea con las tasas de rentabilidad aplicadas en otros países europeos, que oscilan entre el 7% y el 9%», señala la consultora.

La consecuencia del enrocamiento de Competencia, que preside Cani Fernández, supondrá según PwC que los inversores no van a apostar su dinero en este sector pese a que el Gobierno ha aumentado los límites en estas inversiones, y los objetivos de electrificación del país para 2030 marcados en el PNIEC no se van a lograr. En definitiva, industria que no se instala en España y actividad económica que se esfuma a otros países de Europa.

Alcanzar los objetivos de electrificación marcados en el PNIEC implica invertir 53.000 millones de euros de aquí a 2030 en redes eléctricas, algo imposible de cumplir si se mantiene la propuesta de retribución de Competencia.

Éste es uno de los grandes problemas que tiene encima de la mesa el Gobierno. Además, el cierre de las nucleares avanza ante la falta de acuerdo con las eléctricas para alargar la vida de las centrales. La primera en cerrarse será Almaraz, en 2027, cuya clausura ha puesto en pie de guerra a los vecinos e instituciones extremeñas. Este sábado se manifiestan para exigir que se dé marcha atrás a su cierre.

Además, este viernes se ha conocido el informe de los expertos europeos sobre el apagón del 28 de abril en España. Los expertos europeos no han culpado a nadie y se han limitado a explicar lo que ocurrió sin señalar a ninguna empresa, aunque remiten a un próximo informe más detallado a principios de 2026. Sí han explicado que ocho empresas se negaron a dar información.