El 33% de las empresas utilizaron las ayudas públicas por el covid para devolver créditos ICO

El Banco de España estima que un tercio de las empresas que recibieron ayudas directas públicas para hacer frente a la crisis del coronavirus utilizaron esos fondos para pagar préstamos con garantía pública, los créditos ICO. El Gobierno puso en marcha en marzo de 2021 una línea de ayudas directas por 7.000 millones de euros destinadas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos, incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles, devengadas a partir de 1 de marzo de 2020 y derivadas de contratos anteriores a 13 de marzo de 2021.

En un informe publicado este lunes, el Banco de España que dirige José Luis Escrivá señala «que los beneficiarios parecen haber destinado una parte notable de las ayudas a reducir su dependencia del crédito bancario. En concreto, se estima que un 33% de las ayudas podrían haberse empleado para amortizar la deuda bancaria con garantía pública».

Además, los resultados indican que las empresas que optaron por solicitar las ayudas eran las más afectadas por la crisis del COVID-19, las más digitalizadas, las que presentaban mayores restricciones financieras, las que no pagaban dividendos antes de 2021 o las que eran elegibles para mayores cuantías de ayudas.

Por su parte, el informe apunta a que las comunidades autónomas aprovecharon la flexibilidad existente en la definición de los criterios de elegibilidad de las empresas subvencionables para ampliar su cobertura.

Sin embargo, el Banco de España apunta que esta mayor cobertura podría haber venido acompañada de una menor eficiencia de asignación de las ayudas en términos de la salud financiera de las empresas que las recibieron.

A raíz de estos resultados, el organismo considera que una mejora en el flujo de información desde las Administraciones Públicas hacia las empresas afectadas puede ayudar a reducir los costes de recopilación de la información solicitada a las empresas, y la creciente digitalización de esa relación debería aprovecharse para mejorar la eficiencia de la comunicación institucional.

Asimismo, y dado que la información relevante para determinar el criterio de elegibilidad puede estar fragmentada entre distintas Administraciones, el Banco de España cree que la integración digital entre AAPP podría contribuir a identificar con mayor precisión a los destinatarios más adecuados de los fondos.

«Esto permitiría minimizar los costes derivados del uso de criterios de elegibilidad imprecisos, que se manifiestan, en particular, en dejar fuera del alcance del programa a las empresas igualmente afectadas por el shock», concluye el estudio.