Carmena encarga a una «empresa pirata» la seguridad de las Fiestas de San Isidro

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha adjudicado un contrato a Alcor Seguridad para prestar servicios de “protección y seguridad” en las festividades de San Isidro 2017. Se trata de una compañía calificada despectivamente por los sindicatos como “empresa pirata”, sociedades mercantiles especializadas en conseguir concursos públicos a precios muy ajustados “a costa de los empleados”, según los representantes sindicales. 

Alcor Seguridad «se descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios» y, además, se caracteriza, según denuncian los representantes de los trabajadores, por no estar al corriente con las cotizaciones a la Seguridad Social», denuncian los representantes sindicales.

La empresa, por su parte, ha aportado documentación a este periódico que indica estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social y Hacienda Pública a día de hoy. Argumenta que para poder optar a cualquier concurso público “es preceptivo estar al corriente de pago y es necesario presentar la documentación actualizada que acredite dichos cumplimientos”.

Madrid Destino, el portal del Ayuntamiento de Madrid responsable de las licitaciones y adjudicaciones, ha encargado “la seguridad y la protección” con motivo de las fiestas de San Isidro 2017 a Alcor Seguridad. Se trata de un contrato de 53.180 euros adjudicado por el Consistorio de Manuela Carmena el pasado 24 de abril y formalizado el 3 de mayo.

Dará servicio de seguridad en todas las zonas en las cuales se van a desarrollar los festejos del patrón de Madrid durante todo el fin de semana y usará alrededor de 70 vigilantes que darán servicios diurnos, nocturnos y 24 horas. Alcor cubrirá la seguridad hasta el 16 de mayo de Puerta del Ángel, Las Vistillas, la Plaza Mayor, la Pradera de San Isidro y el parque de El Buen Retiro.

Alcor Seguridad es una compañía de vigilancia privada con sede en Monforte de Lemos, Lugo, nacida en 2009. Es conocida en el sector de la vigilancia privada por hacerse con concursos públicos a precios muy ajustados “a costa de la precarización de los trabajadores”, según explican desde la FTSP – USO.

En 2013 la compañía gallega dejó de lado el convenio estatal del sector para aplicar su propio Convenio Colectivo, algo que permite la reforma laboral vigente. A raíz de esta práctica, Alcor Seguridad pertenece al colectivo de las calificadas con tono despectivo por las agrupaciones laborales como «empresas pirata» o «mercantiles pirata». 

Alcor Seguridad explica que “no se descolgó en ningún momento del convenio, sino que posee un Convenio Colectivo propio firmado por los sindicatos USO y UGT”.

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO explican que estas firmas pirata «no cumplen con la legalidad, pagan salarios bajos y lo hacen tarde». Además, añaden que, en muchos casos, «defraudan a la Hacienda Pública». 

El ‘modus operandi’, según explican a este periódico los sindicatos, siempre es el mismo: ampliación de la jornada anual/mensual por encima del convenio y salarios que no llegan a los 1.000 euros. «Imagina lo que es este sueldo para una familia», comentan las mismas fuentes.

Con respecto al salario de sus empleados, Alcor Seguridad asegura que en las tablas del convenio se puede comprobar “que los vigilantes de seguridad no cobran menos de 1.000 euros y jamás ningún empleado ha cobrado a mes vencido su nómina, ya que por política de empresa deben abonarse antes que finalice el mes”.

UGT declara que, efectivamente, vienen al sector a «romper los precios» para llevarse los grandes concursos. Las mismas fuentes señalan que las Administraciones Públicas son conscientes de estas prácticas, «no es cuestión de ignorancia, saben perfectamente que son empresas problemáticas y que han faltado a sus obligaciones con la Seguridad Social».

En el caso de Alcor Seguridad, el encargado de la seguridad de San Isidro 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga a los directivos de la compañía gallega por delitos de blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y delitos contra los derechos de los trabajadores. Fue el sindica FTSP – USO quien tiene desde hace años una lucha constante contra Alcor Seguridad, de hecho, fueron los que presentaron una denuncia en sede policial por estas malas prácticas.

Creen que darles estos contratos, a sabiendas de su modo de proceder, es «un atentado contra los propios ciudadanos y contra sus propios intereses porque, es verdad que se ahorran con la adjudicación más competitiva, pero el coste no retorna a la Administración porque faltan o han faltado al pago de las cotizaciones sociales». 

Desde UGT explican que, además de un atentado contra los derechos de los trabajadores, empresas como Alcor Comunicación incurren en un claro delito de competencia desleal. “Se presentan a los concursos públicos con precios muy ajustados, rebajan la oferta pero a costa de los empleados”, aseguran.

«Siempre van un paso más allá» aseguran, «tienen la capacidad de ganar las licitaciones de las Administraciones Públicas porque sus costes de personal son bajos al no respetar el convenio estatal e impiden competir al resto de empresas del sector».

Desde la compañía gallega aseguran que «no incurren ni ha concurrido en ningún momento en competencia desleal ni con sus propias reglas del juego». Explican que Alcor Seguridad «cumple con la legislación vigente, de no ser así, no podría optar a ningún concurso público”.