El Gobierno agotará este año el límite de déficit pactado con Bruselas y habrá que hacer recortes en 2027

El Gobierno llevará «al límite» el déficit público este año, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado este miércoles, y obligará a hacer recortes para cumplir con Bruselas el próximo año, 2027, cuando está previsto que se celebren las próximas elecciones generales en julio. Por lo tanto, aunque no se adelanten, el Ejecutivo que salga de las urnas tendría que hacer esos recortes. Las encuestas señalan que será el PP quien gane las elecciones y pueda formar gobierno con Vox.

Según la AIReF, el Gobierno no va a cumplir tampoco este año con la regla de gasto pactada con Europa, fijada en el 3,5%, y ha decidido revisar al alza el crecimiento del gasto primario, hasta el 6,4% -frente al 5,8% de su anterior previsión-. El organismo calcula que el Gobierno va a triplicar el gasto pactado con Bruselas, hasta el 11,8%. Es el tercer año consecutivo que el Gobierno gasta más de lo prometido a Europa.

Esto implica que «habrá que tomar medidas a partir de 2027 para cumplir los objetivos», ha dicho Inés Olóndriz, presidenta del organismo fiscalizador de las cuentas públicas. Según señala, esta evolución agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y complica el cumplimiento de los compromisos fiscales.

La AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, la mayor parte de las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales, y calcula que cumplirla requeriría adoptar medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2026, unos 10.000 millones de euros.

Ante esta situación, el organismo vuelve a recomendar al Ministerio de Hacienda articular una estrategia fiscal de medio plazo y presentar en plazo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Además, el organismo considera que «la ampliación de la cláusula a determinadas medidas energéticas, además de gasto en defensa, podría evitar el incumplimiento del marco fiscal europeo en 2026 si la Comisión Europea aceptara el máximo previsto hasta el límite del 0,3% del PIB de las medidas que notifique España».

La AIReF ha modificado su escenario macroeconómico y ha elevado al 2,5% su previsión de crecimiento de este año. Sin embargo, mantiene en el 2,6% su cifra de déficit, que se quedará en el 1,8% si no se tienen en cuenta las ayudas de la DANA -Bruselas no las computa-.

Esta mejora de las previsiones de crecimiento está motivada, según ha explicado Olóndriz, porque los indicadores de las últimas semanas están apuntando a un mayor crecimiento en los próximos meses y a una mejor perspectiva de evolución de los precios de la energía, que tiene una aportación de una décima tanto en 2026 como en 2027.

La institución mantiene un balance de riesgos inclinado a la baja debido, entre otros factores, a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, la evolución de los precios energéticos, la finalización del Plan de Recuperación y la persistencia de un diferencial de inflación y de un crecimiento de la productividad inferior al de los principales socios europeos.

Las proyecciones de deuda de la AIReF apuntan a una reducción de 1,3 puntos porcentuales en 2026, hasta situar la ratio en el 99,3% del PIB. La previsión mejora en seis décimas por la revisión al alza del crecimiento nominal y se sitúa en línea con el objetivo del Gobierno, que prevé una ratio del 99,1%.

Regularización

La AIReF ha calculado que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha sumado 100.000 ocupados medios a 30 de junio, por debajo de la cifra ofrecida por el Ministerio de Inclusión.

La directora de la división de análisis económico de la AIReF, Esther Gordo, ha explicado que el impacto del proceso de regularización en la afiliación a la Seguridad Social no es comparable al dato del Gobierno, al estar la suya «sometida a correcciones».

La AIReF explica que ha excluido algunas de las altas al considerar que estas personas ya participaban «en la actividad económica, aunque no figuraban en el registro administrativo de afiliaciones debido a su situación administrativa irregular».

De este modo, añade, se evita «una doble contabilización de su contribución a la actividad económica y se obtiene una señal más precisa sobre su evolución subyacente».

A principios de julio, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, apuntó que, a 30 de junio, se habían registrado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización.