Temboury no volverá a presidir la Corte de Arbitraje de Madrid por su condena en el Caso Puma

La sentencia del Caso Puma ha cerrado las puertas al abogado del Estado y ex subsecretario de Economía de Competitividad, Miguel Temboury, para volver a ser presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, organismo que ya dirigió antes de ocupar su cargo público en 2012.

El Tribunal Supremo le ha condenado en una sentencia dictada el pasado 15 de febrero junto al ex presidente de la CNMV, Luis Ramallo, a indemnizar con 750.000 euros a la empresa de prendas deportivas por mala praxis en un laudo arbitral dictado en 2010 y que fue posteriormente anulado por los tribunales.

Según ha podido saber OKDIARIO, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan López-Belmonte, preparaba la vuelta de Temboury a la presidencia de la corte de Arbitraje de Madrid por petición Miguel Corsini, dex vicepresidente del organismo cameral y actual consejero de Laboratorios Rovi (empresa que preside Belmonte), condenado también por los tribunales (en el caso de las tarjetas black de Bankia).

Temboury realizó una importante labor en el Gobierno la pasada legislatura gestando la Ley de Segunda Oportunidad y haciendo de enlace entre el ministro Luis de Guindos y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Tras su salida del ministerio de Economía el pasado septiembre retomó sus actividades como abogado del Estado y preparaba su vuelta a la Corte de Arbitraje de Madrid, una posición muy lucrativa a nivel de influencias y de los asuntos que se dirimen.

Fue asesor de Rato y testigo en el Caso Bankia

Antes de ser subsecretario de Economía y Competitividad, Temboury había trabajado para el Gobierno del PP tras la victoria de 1996, como asesor del entonces vicepresidente de Economía, Rodrigo Rato. El juez Fernando Andreu le llamó a declarar como testigo en el caso abierto en la Audiencia Nacional que analiza las responsabilidades penales en la salida a Bolsa de Bankia. Temboury mantuvo contactos con la cúpula de la entidad financiera tres días antes de la dimisión de Rato como presidente de la entidad, tal como desveló Luis de Guindos.

El aliado de Temboury para lograr acceder a la presidencia del organismo arbitral es López-Belmonte, que buscaba un aliado para tener influencia en un ámbito al que el bien pagado director general de la Cámara de Madrid, Carlos Prieto, no puede llegar.

Ahora, según confirman fuentes del sector, “la condena por el Caso Puma hace muy difícil su nombramiento como presidente de la Corte de Arbitraje porque el asunto ha causado una gran consternación en la comunidad arbitral, al poner al descubierto la trama y desprestigiar a la propia Corte de Madrid y la profesión de arbitro”.

En concreto, el Tribunal Supremo declara probado que Temboury y Ramallo pactaron las condiciones de un laudo en un contencioso entre la multinacional Puma y su empresa comercializadora en España, Estudio 2000, aprovechando que el tercer arbitro que estaba en el procedimiento se había ido de viaje. El ex subsecretario fue nombrado en representación de Estudio 2000, Ramallo fue designado árbitro independiente y Puma designó a Santiago Gastón de Iriarte.

La condena del Supremo por mala praxis

“Tras reiteradas reuniones y ante la discrepancia existente entre ellos respecto a la indemnización que debía concederse a una de las partes, el 28 de mayo de 2010 se estuvo cerca de conseguir el acuerdo entre los tres árbitros, que quebró finalmente en la última reunión del 31 de mayo siguiente, pretendiendo el señor Gastón una reducción de las cifras indemnizatorias que estaban barajando”, indica el Supremo

Posteriormente “con pleno conocimiento por los demandados de que este último [Gastón de Iriarte] se encontraba de viaje, se reunieron el día 2 de junio siguiente, sin convocar al tercer árbitro, dictando laudo en los términos en los que estaban conformes ambos [Temboury y Ramallo], siendo fijada finalmente la indemnización en 98,19 millones de euros (…) remitiéndole copia por distintos conceptos, que fue notificado a las partes ese mismo día, remitiéndole igualmente copia al tercer árbitro, quien siempre había acudido a las reuniones a las que fue convocado, sin que conste por parte del mismo haber actuado con fines dilatorios, obstrucción en la tramitación, ni haber intervenido en el debate decisorio final donde se dictó el laudo definitivo”.

De esta forma la sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal afirma que Temboury y Ramallo realizaron “una exclusión indebida del tercer árbitro” en su deliberación “realizada con una conducta insólita o insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera”, por lo que condena a cada uno de ellos en concepto de indemnización por responsabilidad civil a pagar a Puma 750.000 euros, más los intereses, el importe de los honorarios percibidos por su trabajo en el caso y el pago de las costas.

Belmonte, Corsini y Temboury, una alianza de intereses

Por lo tato se trunca el intento de Belmonte de promocionar a Temboury en la Corte de Arbitraje de Madrid lo que supone un nuevo revés para la gestión del que ahora es presidente de la Cámara de Comercio madrileña en sustitución del dimitido Arturo Fernández, también condenado por el caso de las tarjetas black de Bankia. Y, además, el organismo cameral ha sido investigado judicialmente por el uso de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y desempleados.

Belmonte tiene también un problema en el seno de la empresa que preside, Laboratorios Rovi, tras la condena de Miguel Corsini que sigue siendo consejero de la compañía farmaceútica. El círculo de alianzas se cierra con Temboury, que está casado con la hija de Corsini.

Tal como avanzó OKDIARIO, el consejo de administración de Rovi estaba al tanto de la imputación de Corsini y así se refleja en el Informe “Anual de Gobierno Corporativo 2016”, sin embargo, decidió no tomar medidas al respecto, a pesar de estar acusado de un delito señalado en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ese mismo informe indicaba que el consejo había analizado el caso y había decidido respetar “el principio de presunción de inocencia de todo acusado”, por lo que “no procedía, por el momento, la adopción de medida alguna hasta que se conociera la resolución judicial”. A día de hoy, a pesar de la condena, Miguel Corsini sigue siendo consejero de Laboratorios Rovi.