Las personas que serían llamadas al Ejército si estallara la guerra en España

En los últimos años, la palabra «guerra» ha recuperado protagonismo en el discurso público, impulsada por tensiones internacionales como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio. Estas situaciones, sumadas a recientes recomendaciones de preparativos civiles por parte de la Unión Europea, han despertado inquietudes entre los ciudadanos sobre la posibilidad de un conflicto de mayor escala. En este contexto, muchos se preguntan: si España entrara en guerra, ¿qué papel tendría la población civil? ¿Podría el Gobierno ordenar el reclutamiento de personas para engrosar las filas del Ejército?

Aunque España cuenta con un Ejército compuesto por efectivos entrenados a tiempo completo, la legislación contempla varios escenarios para una posible movilización de ciudadanos en caso de conflicto. El marco legal vigente, incluyendo la Constitución y leyes como la de la Carrera Militar, define mecanismos específicos mediante los cuales se podría activar a reservistas y, en situaciones extremas, incluso forzar la incorporación de civiles sin experiencia previa.

¿Qué pasaría si España entra en guerra?

Desde la eliminación del servicio militar obligatorio en 2001, el modelo de defensa español se sustenta en la profesionalización de sus Fuerzas Armadas. Actualmente, forman parte del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio más de 120.000 militares. Este cuerpo es el encargado de responder en primera instancia ante cualquier situación de emergencia nacional o internacional.

Sin embargo, la realidad geopolítica actual ha dejado en evidencia que las capacidades militares de muchos países podrían resultar insuficientes ante una guerra de gran envergadura. Por ello, el Estado mantiene una serie de escalones adicionales de movilización.

Reservistas

El primer recurso adicional serían los reservistas, quienes se dividen en tres grupos: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios. Los primeros son antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que dejaron el servicio activo, pero conservan el compromiso y la posibilidad de ser llamados nuevamente.

Los voluntarios, por su parte, son civiles que han manifestado su interés por colaborar con el Ejército en caso de necesidad, y han pasado por un proceso de selección y formación básica. Por último, los reservistas obligatorios representarían el último escalón en caso de que las necesidades de defensa superaran la capacidad del Estado, incluyendo a ciudadanos entre 18 y 53 años sin formación militar.

Población civil

Si se alcanzara un nivel crítico de emergencia que requiriera activar a la población civil, el Gobierno debería seguir un protocolo escalonado. En primer lugar, se activaría a los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad.

Si esto no resultara suficiente, se debería solicitar la aprobación del Congreso de los Diputados para iniciar el proceso de reclutamiento obligatorio. Este paso es fundamental, ya que garantizaría la legitimidad democrática del procedimiento.

Las personas llamadas a filas bajo este mecanismo recibirían una notificación oficial y deberían completar una ficha en la que declararían su estado de salud, condición física y posibles habilidades útiles para las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, pasarían pruebas médicas, psicológicas y de aptitud física. Aquellos que fueran considerados aptos iniciarían una formación militar básica antes de ser destinados a funciones operativas o logísticas, dependiendo de su perfil.

Un aspecto clave en este proceso es el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. Cualquier ciudadano que, por motivos éticos, religiosos o ideológicos, rechace participar en actividades militares puede acogerse a este derecho.

La objeción debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, y en caso de denegación, el afectado podría recurrir a los tribunales. Si se concede, la persona podrá desempeñar funciones no combatientes como apoyo humanitario, logística, asistencia sanitaria o tareas de protección civil.

Cabe aclarar que esta movilización no significaría el regreso del antiguo servicio militar obligatorio, conocido como «la mili», aunque podría parecerse en la práctica. La diferencia radica en que se trataría de una medida temporal, condicionada por la emergencia, y con un marco legal más garantista que ofrece alternativas a quienes no deseen portar armas.

Datos

Según informes del Real Instituto Elcano y del Observatorio Internacional de Seguridad, España necesitaría incorporar al menos 60.000 personas adicionales en caso de una guerra a gran escala.

Esta cifra supera ampliamente la capacidad actual de sus Fuerzas Armadas, lo que ha despertado un gran debate sobre la necesidad de fomentar una cultura de defensa más robusta en la sociedad española. A ello se suma la preocupación por el hecho de que España tiene una de las tasas más bajas de personal militar por habitante en la Unión Europea.

En paralelo, el gasto en defensa ha aumentado de forma significativa. En 2023, España destinó más de 10.000 millones de euros a su presupuesto militar, centándose no solo en armamento, sino también en ciberseguridad, tecnología, formación y logística.

El Gobierno también ha mostrado interés en mejorar la movilidad de tropas mediante infraestructuras ferroviarias que puedan tener doble uso: civil y militar. Esta estrategia busca prepararse no sólo para una guerra en España, sino también para crisis humanitarias o catástrofes naturales.