El nuevo aceite de oliva llegará con precios más bajos: la fecha exacta

En los últimos meses, el precio del aceite de oliva ha alcanzado máximos históricos. Muchas familias españolas se han visto obligadas a renunciar a este ingrediente básico de la cocina mediterránea, hasta el punto de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una lista con las alternativas al aceite de oliva más saludables y económicas.

El encarecimiento del aceite de oliva ha provocado que su consumo en España disminuya un 30%. Las exportaciones en volumen también se han reducido un 40%. Mientras, la compra de aceite de orujo de oliva ha experimentado una subida del 19% entre mayo y agosto de 2023, según datos de la Asociación de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac).

Ahora, parece que la nueva cosecha dará un respiro a los consumidores porque los precios se moderarán. La reciente llegada de precipitaciones ha venido muy bien para recuperar las aceituna que se han quedado más arrugadas, tal y como afirman los agricultores. Sin embargo, si las lluvias son muy abundantes podría perjudicar a la recolección de la aceituna, dando lugar a un nuevo escenario de tensión en el mercado.

Ya se están empezando a recoger las primeras aceitunas, así que habrá una mayor cantidad de aceite de oliva para satisfacer la demanda del mercado y bajará ligeramente el precio de este producto.  Según ‘Olimerca’, en estos momentos el litro de aceite de oliva virgen extra oscila entre los 8,30 y los 8,40 euros en los aceites viajes y entre los 8,5 y los 9 euros en los aceites nuevos.

Regular el precio del aceite de oliva

Por otro lado, esta semana la Comisión Europea ha rechazo intervenir el precio del aceite de oliva, ya que esto interferiría «en el funcionamiento del mercado único en detrimento de los consumidores y agricultores europeos», según ha expresado el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

El eurodiputado Manu Pineda, del Grupo de la Izquierda, preguntó si la Comisión Europea iba a implementar «medidas concretas de intervención pública, como el establecimiento de mecanismos estables de regulación de los precios con una fijación de máximos y mínimos, para proteger a consumidores y pequeños y medianos productores».

En su respuesta, Janusz Wojciechowski rechazó categóricamente esta posibilidad porque la «Directiva sobre prácticas comerciales desleales contribuye a mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario. Como ya ha señalado la Comisión, es probable que las medidas de control de los precios socaven estos esfuerzos», según recoge ‘The Objective’.