Zapatero proclamaba ser «inflexible» con la corrupción mientras ‘Azud’ pagaba gastos electorales al PSPV

El 3 de febrero de 2007, el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba en un acto en el Polideportivo de la Universidad Carlos III en Leganés (Madrid) que sería «inflexible» con la corrupción urbanística. En paralelo, en Valencia, la trama corrupta del denominado caso Azud pagó gastos relacionados con la campaña socialista de 2007 en Valencia por valor de 484.480,46 euros. Esto último, según consta en el auto de procedimiento abreviado que la juez que ha dirigido la investigación del caso, la titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Valencia, quien ha dictado procedimiento abreviado para un total de 38 investigados en el conjunto de la causa y tal como ha publicado OKDIARIO.

El caso Azud es en el que se investiga una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arrancó en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investigaba el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se había extendido a otras cuestiones.

En aquel acto de Leganés del 3 de febrero de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero comenzó elogiando a la conductora del mismo, Carmen Alborch. Esta última, fallecida en 2018, fue, precisamente, la candidata a la alcaldía de Valencia en los comicios locales de 2007. Lideraba una lista de la que formaban parte, entre otros, el ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fuera subdelegado del Gobierno de Sánchez en Valencia, Rafael Rubio.

Este último, uno de los 38 investigados para los que el juez ha solicitado el procedimiento abreviado, también por el caso Azud. Rafael Rubio ocupaba el número 2 de esa lista electoral. Inmediatamente después de la candidata socialista a la alcaldía, la ya mencionada Carmen Alborch. 

Según establece la magistrada en su auto del caso Azud, las comisiones abonadas a José Luis Vera, un abogado ligado al PSOE valenciano, fueron para obtener recursos hídricos del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Espartal, en la localidad alicantina de Jijona, a través de la sociedad estatal Aquamed, con la consecuencia de la actuación de un alto dirigente de esta última, Joan Navarro, «que procuró y consiguió» que se firmara con el Ayuntamiento de esa localidad un acuerdo de intenciones con relación al suministro de agua.

También, según refiere la juez en su auto, la participación de Aquamed, «altamente beneficiosa» para el empresario del citado PAI, Jaume Febrer, al asumir el Estado el coste de la ampliación de la desaladora en «beneficio» de sus intereses mercantiles, «se tuvo que pactar con el PSOE una serie de gastos consistentes en un abono de 484.480,46 euros a cinco empresas que realizaron los actos electorales para el PSOE en la campaña del año 2007».