La trama del ‘caso Azud’ pagó 484.000 € al PSOE valenciano en gastos electorales de la campaña de 2007

La trama corrupta del denominado caso Azud pagó gastos relacionados con la campaña socialista de 2007 en Valencia por valor de 484.480,46 euros, según consta en el auto de procedimiento abreviado que la juez que ha dirigido la investigación del caso, la titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Valencia, ha dictado para un total de 38 investigados en el conjunto de la causa. El caso Azud es en el que se investiga una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arrancó en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investigaba el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se había extendido a otras cuestiones.

En concreto, según establece la magistrada en su auto, las comisiones abonadas a José Luis Vera, un abogado ligado al PSOE valenciano, fueron para obtener recursos hídricos del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Espartal, en la localidad alicantina de Jijona, a través de la sociedad estatal Aquamed, con la consecuencia de la actuación de un alto dirigente de esta última, Joan Navarro, «que procuró y consiguió» que se firmara con el Ayuntamiento de esa localidad un acuerdo de intenciones con relación al suministro de agua.

Según refiere la juez en su auto, la participación de Aquamed, «altamente beneficiosa» para el empresario del citado PAI, Jaume Febrer, un conocido constructor del Grupo Axis, al asumir el Estado el coste de la ampliación de la desaladora en «beneficio» de sus intereses mercantiles, «se tuvo que pactar con el PSOE una serie de gastos consistentes en un abono de 484.480,46 euros a cinco empresas que realizaron los actos electorales para el PSOE en la campaña del año 2007».

Aquamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.M.E., S.A.) es una empresa pública que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero, en 2007, dependía del entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente. Su titular era Cristina Narbona.

Hay que recordar que en ese año 2007 se celebraron elecciones autonómicas y municipales. Y que la candidata socialista al Ayuntamiento de Valencia fue la ex ministra, hoy fallecida, Carmen Alborch. Por su parte, el candidato socialista a la Generalitat Valenciana fue Joan Ignasi Pla.

Según relata la juez en su auto, una parte de los fondos de la «empresa pantalla» Gigante Edificaciones y Obras SL, los 484.480,46 euros antes citados, se destinó a pagos a empresas vinculadas a la publicidad del PSOE.

En concreto y siempre según el referido auto, se abonaron 141.923,68 euros a la mercantil Metrofilms; 120.004 a la mercantil Industria Gráfica Valenciana SL; 102.080 euros a la mercantil Key SA; 87.105,70 euros a la mercantil Publipress Técnicos Asociados SL; y 33.367,08 a la mercantil Cronosport SL.

En el caso de Cronosport, según consta también en el auto, Gigante Edificaciones y Obras SL le pagó el 9 de julio de 2007 los 33.367,08 antes citados en concepto de «campaña de publicidad con elaboración de material a repartir». Pero, en realidad, según sostiene la juez en su auto, la factura es consecuencia de un pedido o encargo efectuado por Contexto Moda Comunicación S.L., «que era la proveedora de la campaña electoral en las elecciones de 2007» y «venía referida a la campaña electoral de Carmen Alborch» en esas elecciones.

Así, Contexto Moda encargó a Cronosport, entre otros, 80.000 chapas, 125.000 globos rojos, 5.000 llaveros flota, 1.000 kilos de caramelos y 500 camisetas más dos dispositivos y pantallas. Del total del encargo, Gigantes Edificaciones y Obras asumió la factura en la cantidad antes citada, siempre según el auto.

La juez señala que Gigante Obras y Construcciones, como se ha dicho, abonó 141.923,68 euros a la mercantil Metrofilms a finales de junio de 2007, correspondientes a una factura de inicios de mayo del mismo año por el concepto de «elaboración de guión, producción y edición de vídeo industrial». Metro Films estaba participada al 100% por Conexto Moda y Comunicación SL. Es decir, por la empresa que asesoró al PSOE en la campaña electoral de ese año.

El 31 de mayo de 2007, Contexto Moda y Comunicación emitió una factura al PSOE por Campaña Municipal 2007. Asesoramiento, comunicación, análisis, seguimiento de medios, temario y contenido de estrategias de campaña por importe de 22.509,80 euros. Dicha cantidad fue declarada por el PSOE como gastos electorales, siempre según el auto.

En cuanto a Key S.A., una empresa ahora extinguida y que tenía su sede en Mairena de Aljarafe, en Sevilla, Gigante le abonó 102.080 euros en agosto de 2007 en concepto de «servicio de creatividad, confección folletos, cartas y sobres para Unión Valenciana». La juez sostiene en su auto que la mercantil realizó ese encargo para Unión Valenciana «por encargo» de quien en ese tiempo era tesorero del PSOE, Francisco Martínez Rico. Según el auto, realizó el encargo de dicha publicidad «personalmente» e indicó que los trabajos «se facturasen a Gigante Edificaciones y Obras S.L.».

Gigante Edificaciones y Obras pagó a Industria Gráfica Valenciana SL 102.080 euros en cuatro facturas. Y fue la empresa a la que el PSOE encargó la «edición del programa autonómico de las elecciones de 2007». La juez detalla en su auto que ese gasto y por ese importe fue «lo único que declaró el PSOE» como gasto electoral en relación con dicha empresa. 

A la mercantil Publipress Técnicos Asociados S.L., Gigante Edificaciones y Obras, según el auto, le abonó 87.105,70 euros por la emisión de cuatro facturas referidas a la elaboración de folletos y vallas publicitarias «relativos a la campaña electoral del año 2007» por 19.000,18 euros.