El síndico de Puig en Cortes usó el coche oficial en una visita de letrado a la cárcel de Picassent

Manuel Mata, el síndico portavoz socialista en las Cortes Valencianas, utilizó el coche oficial el pasado verano en una visita en su condición de abogado a la cárcel de Picassent, en Valencia. Mata es codefensor de uno de los imputados por el denominado ‘caso Azud’, en el que se investigan los presuntos pagos y cobros de comisiones a cambio supuestamente de también supuestos favores urbanísticos urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia. Un procedimiento en el que hay cerca de 60 investigados. Hace 5 días se levantó el secreto sobre el sumario, después de 5 años de investigación.

El asunto ha seguido coleando hasta ahora. Hace apenas unas horas, la síndica portavoz del Partido Popular en el hemiciclo valenciano María José Catalá ha hecho mención al caso de Mata, en referencia al ‘caso Azud’. «No tenemos el sumario -ha dicho Catalá-. Puede que otro partido político, cuyo síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga», en clara alusión a Mata.

La actuación de Manuel Mata comenzó a ser cuestionada por los populares el mes de julio del pasado año, cuando fue a la cárcel de Picassent, en Valencia, para una visita que presuntamente afectaba a su esfera de abogado Y lo hizo en el coche oficial que las Cortes Valencianas ponen al servicio de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara. Por tanto, un vehículo pagado con dinero de todos los valencianos. Mata había aceptado el vehículo al principio de la legislatura, pero había renunciado al conductor para utilizarlo en asuntos que estuvieran fuera de su labor de parlamentario.

Pero lo cierto es que sin coche difícilmente hubiera podido llegar hasta Picassent: de las Cortes al centro penitenciario hay poco más de 23 kilómetros y el trayecto dura unos 30 minutos. La otra posibilidad, el transporte público colectivo, tarda en torno a una hora y media en llegar a destino según los datos obtenidos en google. Mata adujo entonces, también, que previamente a su visita a Picassent había resuelto un asunto de calado político en las Cortes. El conductor del citado vehículo, según reflejaron diversos medios entonces, era un trabajador del partido socialista.

La mecha que encendió el caso no tardó en prender. La entonces secretaria general del Partido Popular en las Cortes Valencianas la oriolana Eva Ortiz pidió al presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig que explicase por qué su portavoz usó un coche oficial para acudir a la prisión y reclamó al presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera (Compromís) el listado del uso de los coches oficiales por si existiera una supuesta malversación: «Puig no puede esconderse ante el escándalo que supone que Mata utilice el coche oficial, pagado con dinero público, para trabajar en la defensa de un empresario que puede estar implicado en una posible financiación irregular de su partido», dijo entonces Eva Ortiz.

Sin embargo, la Mesa de las Cortes Valencianas se declaró no competente para investigar el uso particular que el síndico socialista había realizado del vehículo asignado por las Cortes Valencianas y se remitió a las normas que regulaban el uso del parque móvil de la Cámara. Un reglamento actualizado poco antes, en 2020, y por el que se asignaba a Mata un vehículo de forma individual y permanente. Correspondía a los socialistas designar quién sería el conductor, en ningún caso un trabajador de las Cortes. Y que, en el caso que nos ocupa, podía no detallar los recorridos que lleva a cabo.

El síndico socialista sorprendió de nuevo cuando anunció su intención de ser codefensor de Jaime Febrer, uno de los investigados por su supuesta relación con el ‘caso Azud’. Para Mata no existía conflicto de intereses entre su labor en las Cortes y la tarea profesional como abogado. De hecho, llegó a defender que tanto ética como estéticamente era justificable su rol de abogado defensor. Mata había renunciado a la exclusividad en las Cortes Valencianas en enero de 2020 para ejercer la abogacía.

Dejó entonces de percibir los en torno a 5.445 euros que suponía entonces la dedicación exclusiva. La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra (Compromís) defendió en aquellos tiempos que la compatibilidad existe y es legal. Actualmente, tiene bufete propio Mata&Romero, junto a Carmen Romero. Ella procede de una familia de reconocido prestigio en la abogacía valenciana.