AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Ribó adjudica 414 contratos ‘a dedo’ desde enero, 144 más que en el mismo periodo del pasado año

JOAN RIBÓ
El alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís).

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia (Compromís y PSOE) cuyo alcalde es el nacionalista Joan Ribó ha adjudicado en lo que va de año y hasta el 25 de abril un total de 414 contratos menores por un montante total de 2,7 millones de euros. Son 144 más que en el mismo periodo de tiempo del pasado año 2021, cuando la adjudicación de contratos menores fue de 270, por un montante de 1,9 millones de euros. Así lo ha denunciado la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana María José Catalá. Los contratos menores son los de suministro o servicios inferiores a 15.000 euros o bien los de obras que están por debajo de los 40.000 euros. Son contratos de adjudicación directa y, en consecuencia, se consideran ‘a dedo’.

El miércoles de la pasada semana, María José Catalá denunció que Joan Ribó había adjudicado el diseño de un monolito por 14.999 euros más IVA. Sólo un euro por debajo de los 15.000 que establecen el límite legal a partir del cual el Ayuntamiento debe acudir a la fórmula del concurso. Se trataba de un contrato pues de un contrato menor, que rozaba el límite marcado para cambiar su consideración. Era sólo la punta del iceberg, porque según ha denunciado el PP los contratos menores o a dedo en el Ayuntamiento de Valencia se siguen disparando.

El pasado año, según ha recordado Catalá, Joan Ribó y el PSOE adjudicaron más de 13,7 millones de euros de euros a través de contratos a dedo. Esa cantidad superaba en 3 millones de euros los adjudicados por ese mismo sistema en 2020. Un total de 1.873 contratos municipales se tramitaron a través de adjudicación menor: «Una práctica calificada por el interventor como muy excepcional que Ribó y sus socios del PSOE han hecho habitual», ha defendido María José Catalá. La portavoz popular ha calificado también estos contratos de «práctica abusiva, que ha supuesto reprimendas de Antifraude y de Intervención, porque limita los principios de publicidad y libre concurrencia».

 

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