Paradoja de Oltra: residencia de mayores en ‘enriquecimiento injusto’ y contrato de 7.100 plazas

El viernes, 4 de febrero, del presente año, el Pleno del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, autorizó un contrato que pone a disposición de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra (Compromís) un total de 7.100 plazas privadas en residencias de mayores. El valor de licitación del contrato está en torno a los 542 millones de euros por 3 años, pero al ser posible ampliarlo 2 años más, su montante total podría alcanzar los 981 millones de euros, IVA incluido.

Su finalidad es la unificación de todas las plazas privadas que pasan al sistema público valenciano en un solo contrato y ve la luz en un momento especialmente complicado, sólo semanas del incendio de la residencia de mayores de Moncada. Residencia que, según desveló la propia Mónica Oltra, se encontraba en una especial situación denominada de ‘enriquecimiento injusto’. Es decir que, una vez caducado el contrato y su prórroga, debe seguir siendo atendido por la empresa a la que fue adjudicada su gestión, en este caso por decisión judicial, Gesmed, una de las grandes contratistas del sector. Cuando el contrato fue adjudicado a Gesmed, según dijo entonces Oltra, ya se encontraba en prórroga.

El nuevo contrato, según dijo también Oltra el pasado enero y reflejaron distintos medios, se encontraba en proceso de elaboración. Apuntó que los retrasos son habituales en la Administración valenciana y los achacó, entre otros motivos, a la falta de personal y de una ley de contratos adecuada.Sin embargo, la figura del ‘enriquecimiento injusto’ ha traído más de un quebradero de cabeza. Hace unos años, ya se generó polémica, por lo que consideraba en círculos políticos un uso supuestamente abusivo de ese tipo de procedimiento, en el que la empresa a la que se ha concedido la gestión continúa con la misma, pero en paralelo, las que quieren optar en un nuevo concurso no pueden hacerlo, dado que el concurso público se retrasa.

En cuanto a la empresa que gestionaba Moncada, en este caso, se trata  de Gestió Sociosanitari al Mediterrani (Gesmed), una de las principales del sector en la Comunidad Valenciana, donde lleva más de 20 años trabajando en el ámbito socio sanitario. Según publicaron el pasado febrero distintos medios, otras 5 residencias y centros de día gestionados por Gesmed se encontraban en similar situación a la de Moncada, circunstancia que sólo podía ser mantenida gracias a la solidez de citada empresa con más de 1.500 plazas en residencias y en torno a 400 en centros de día.

La experiencia de gestión de Gesmed no sólo abarca el ámbito de la Comunidad Valenciana, sino también Castilla La Mancha. En esta última comunidad autónoma, la empresa ha contado puntualmente con el asesoramiento legal del prestigioso abogado Salvador Sastre, que en lo profesional es, según consta en la página web de la empresa, uno de los fundadores de Yuris Legal junto al ex responsable socialista y ex alcalde de Lliria Ricard Torres. Sastre está unido por vínculos familiares, según diversas fuentes, con el también socialista Manuel Mata. Este último, también abogado de profesión, que comparte despacho con la letrada Carmen Romero. Mata no es especialista en empresas del sector sociosanitario y no ha estado vinculado a Gesmed. La especialidad de Mata es la defensa de víctimas de negligencias médicas como lo demuestra, por ejemplo, y entre otros casos, la defensa de 142 personas en la causa por los implantes PIP. Un caso en que tuvo junto a él en la defensa de los pacientes a la propia Mónica Oltra, según publicó el diario La Razón en 2013.

Quien sí trabaja en Gesmed, una vez finalizada hace años ya su etapa política, es el que fuera secretario general de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, quien recaló en esta empresa tras su salida del Consejo Jurídico Consultivo, hace 9 años, según publicó Las Provincias el pasado enero. En mayo de 2008,  el diario Levante EMV anunció la inmediata incorporación del Pla al despacho profesional de Manuel Mata. Según publicó Es Diario el pasado enero, también trabajó en Gesmed Amparo Panadero, ex pareja del presidente de la Generalitat Valenciana el también socialista Ximo Puig. Panadero sería posteriormente contratada, siempre según el citado medio, por la alcaldesa socialista de Castellón, Amparo Marco, para formar parte de su gabinete. También, según publicó Las Provincias, el director general de Gesmed es Emérit Bono, hijo de un consejero socialista de los tiempos en que Joan Lerma presidía la Generalitat Valenciana.