Los otros casos sobre la gestión de Oltra que mantienen en vilo a la vicepresidenta de Ximo Puig

Una denuncia ante Fiscalía de Menores de Valencia presentada por Vox el pasado enero por los supuestos delitos de abandono de destino, dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 407 del código penal, así como por la posible implicación en un presunto delito de Prostitución de Menores, contemplado en el artículo 188, también del Código Penal, según la formación denunciante, supone otro quebradero de cabeza para Mónica Oltra. Es uno de los otros escenarios que mantienen en vilo a la vicepresidenta valenciana.

La denuncia ante Fiscalía, según ha informado hoy mismo Vox, «sigue su curso. Sin novedad». Esta denuncia ante Fiscalía de Menores de Valencia, según han confirmado las mismas fuentes, cronológicamente, es anterior a su personación como acusación particular en el caso que ahora se dirime.

El pasado viernes, el titular del juzgado de instrucción Número 15 de Valencia solicitó al Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJCV) la imputación de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra (Compromís) en el marco de la investigación que sigue ese juzgado por tras la denuncia por la menor abusada sexualmente por el ex marido de la vicepresidenta cuando ella era una menor tutelada y él un educador en el centro en que ella se encontraba y estaba casado con Oltra. La causa investiga si cargos y/o personal del citado centro, ocultaron la mencionada denuncia de la menor, una vez ésta les hizo presuntamente conocedores de los abusos y supuestamente señaló al abusador.

Sin embargo, el caso de la menor y el ex marido de la vicepresidente, que hoy ya se conoce como ‘caso Oltra’ no es el único que mantiene en vilo a la vicepresidenta. El pasado enero, Vox presentó ante la Fiscalía de Menores de Valencia otra denuncia. En este caso por los supuestos delitos de abandono de destino, dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 407 del código penal, así como por la posible implicación en un presunto delito de Prostitución de Menores, contemplado en el artículo 188, también del Código Penal. Todo ello, según hizo publico Vox. La denuncia alcanza también a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales Irene Gavidia.

En este caso, Vox apoyaba su denuncia, según dijo, en el informe presentado por el defensor del pueblo valenciano Angel Luna, que alertaba de los presuntos abusos sufridos por en torno a 175 menores de edades comprendidas entre 13 y 17 años, según informó Vox el pasado 25 de enero. En su denuncia, la vicesecretaria jurídica de Vox Marta Castro señalaba a Oltra como la máxima responsable de la tutela de menores en su calidad de vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y, como supuesta responsable directa, a Gavidia. Vox pidió que se llamara a declarar a las 2 denunciadas y que se requirieran los informes remitidos por la consejería de Oltra acerca de las inspecciones y medidas de control de los centros de menores tutelados que aparecían en aquel informe del Defensor valenciano. La denuncia, como se ha dicho, sigue su curso, según Vox.

Pero no es este el único caso aparte del de la menor que mantiene en vilo a Oltra. La síndica adjunta del Partido Popular en las Cortes valencianas Elena Bastidas recopiló durante tiempo los supuestos casos de presuntos abusos a menores en, supuestamente también, instalaciones públicas de acogida de la Comunidad Valenciana. Ese informe, lo envió Bastidas al Parlamento Europeo. Desde allí, el 15 de octubre del pasado año, la presidenta del citado Comité respondió por escrito a Bastidas que su petición había sido declarada como admitida.Y anunciaba una investigación preliminar sobre el asunto.

Escritos posteriores remitidos desde el organismo europeo llevaron a Ximo Puig el pasado marzo a decir en las Cortes Valencianas que la Comisión Europea había rechazado hacer un informe sobre este caso. Sin embargo, la síndica del PP en las Cortes Valencianas María José Catalá rebatió esa tesis, indicando que la comisión europea sí seguiría investigando. Además, el PP llevó también los presuntos abusos en centros de menores tutelados por la Generalitat Valenciana como queja al defensor del pueblo de España. E instó al Congreso de los Diputados, además, a abrir una comisión de investigación acerca de esta cuestión. Iniciativa que fue rechazada.

Existe otra controvertida investigación impulsada por la propia Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra: la del centro de Segorbe, en Castellón. En mayo de 2017, Oltra denunció ante las Cortes Valencianas el caso de supuestos abusos de un educador a una menor de 17 años. Según aquella comparecencia, las religiosas que gestionaban el centro habían despedido al educador, pero no habían dado parte de los supuestos hechos. El caso no prosperó..

El pasado marzo, el propio Ayuntamiento de Segorbe, gobernado por el Partido Popular, aprobaba en Pleno una moción para exigir la dimisión de Oltra. Le reclamaba además que pidiera perdón a los niños, a los educadores, a las monjas de la orden que gestionaba el centro y al pueblo de Segorbe. Y le exigía, además, la reapertura inmediata del centro en las mismas condiciones que se encontraba cuando cerró en aquel 2017.

Son los otros casos que a día de hoy colean y mantienen en vilo a Mónica Oltra. Aunque ahora mismo, la consejera y vicepresidenta valenciana esté centrada sobre todo en uno: en el de la menor abusada por su entonces marido, por el que el TSJCV debe decidir si la imputa o no.