Okupación Ilegal

Miguel pagó 800 € a la ‘inquiokupa’ de su casa para que se fuera y Marina lleva 2 años pleiteando

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Ignacio Martínez

El caso de Pilar, la propietaria que ha recuperado su vivienda okupada durante 30 meses en Torrevieja, ha sacado a la luz otros casos similares. Uno, el de Miguel, un taxista que vive en Castalla y que tuvo que pagar 800 euros a la inquiokupa de su vivienda en Madrid para que abandonara la casa de su propiedad que tiene en Madrid. Otro, el de Marina, una torrevejense que tiene una vivienda en Almería en la que, desde hace dos años, otra inquiokupa habita sin abonar un solo euro. Tampoco paga el agua ni la luz. Todo lo abona Marina, que es docente, y que ha tenido que renunciar a cuidar a su hija de 7 meses para volver al trabajo: era imposible sostener su vivienda habitual y la de la inquiokupa sólo con el sueldo de su pareja.

Miguel subió a su taxi en Castalla (en la sierra de Alicante, comarca de La Hoya de Alcoy) a primera hora de la mañana. Se dirigió a Torrevieja para apoyar a una compañera afectada también por la ‘okupación’ de su vivienda: Pilar. Grabado en la trasera y el lateral del vehículo de Miguel aparece una leyenda: ‘ley antiokupas ya’.

Miguel tenía un piso en Madrid. Lo alquiló a una joven ecuatoriana. Hace un año, la chica dejó de pagar. «Lo primero que hicieron quienes la defendían a ella fue acusarnos de racismo a mi mujer y a mí. Pero ese camino se les acabó rápido, porque mi mujer es mexicana». De inmediato, Miguel acudió a una empresa antiokupación. No sirvió de nada. Finalmente, a falta de un mes para el juicio y dos-tres para el desahucio, la inquilina quiso negociar. «Parece ser que hubo algún vecino que nos ayudó a echarla. Puso silicona en la cerradura. No tenía otra manera». Miguel dice que la mujer le pidió inicialmente 1.200 euros por abandonar la vivienda «por irse sin romper nada, mediando la inmobiliaria que ahora está vendiendo el piso». Finalmente, el acuerdo se cerró en 800 euros y la mujer se marchó. Ahora, Miguel vende el piso. Está harto.

Marina es de Torrevieja. Trabaja de docente. Vive con su pareja y un bebé de 7 meses. Tiene un piso en Almería. Cuando proyectó su nueva vida, decidió alquilar la vivienda de Almería. Es una pequeña propietaria. El plan de la familia era que con los ingresos que debía dar el alquiler (635 euros al mes) Marina pudiera dedicar los primeros años de vida de su bebé a cuidar a la criatura. A inicio de 2020 alquiló su vivienda almeriense a una mujer colombiana con dos hijos a su cargo. La inquilina sólo abonó, según la versión de Marina, ese alquiler, durante dos meses. Y comenzó el largo camino legal. Lleva pleiteando dos años. En abril 2021, un Juzgado dio orden de desalojo, pero sólo horas antes de que el lanzamiento se ejecutara, la inquilina de Marina alegó que era una persona vulnerable. Sólo con esa alegación, según explica Marina, sin documentos que lo certificasen, el desalojo se suspendió.

El juez dictó auto el pasado octubre, una vez la inquilina aportó la documentación completa de su vulnerabilidad. Se da la circunstancia de que Marina debía cobrar una compensación por ceder la vivienda debido a esa situación de vulnerabilidad de su inquilina, pero el mecanismo compensatorio no se pone en marcha, según explica, desde el momento en que la inquilina alega la vulnerabilidad, sino en el momento en que el Juzgado comprueba que existe esa situación de vulnerabilidad a partir de los documentos aportados por la inquilina y emite el auto. Por tanto, a Marina, al parecer, y según relata ella, sólo la compensarán desde el pasado octubre. Y no por la totalidad del alquiler (635 euros) sino por una cantidad en torno a los dos tercios de ese alquiler: unos 400 euros.

Son los testimonios de dos afectados por la okupación. Una plataforma que conforman más de 1.000 personas, según explica Pilar, la propietaria que hoy ha recuperado su vivienda en Torrevieja. Pilar subraya que esas 1.000 personas no son los únicos afectados: «Hay muchos más, pero no todos denuncian o no todos se incorporan a la plataforma». 

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