La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en cinco partidas de Alicante

Un total de 64 personas, 39 varones y 25 mujeres de edades comprendidas entre los 23 y los 66 años están siendo investigadas por la Guardia Civil en Alicante como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Pero, también, por supuestos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública. Todo ello, en el marco de la denominada Operación Urbanitas, que es continuación de otra anterior, llamada Operación Insidias 2, en la que el Instituto Armado ya investigaba a 21 personas por construcciones ilegales en suelo protegido, en enero de este 2025.

De hecho, la investigación se había iniciado en octubre de 2024 por parte de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACTRONA), en el marco de las intervenciones lleva a cabo el Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que tienen por objeto garantizar un modelo urbanístico equilibrado y sostenible en la provincia de Alicante.

Los investigadores iniciaron su tarea a raíz de diversas denuncias procedentes de asociaciones vecinales y particulares. Pero, también, al detectar, la propia patrulla, presuntas irregularidades. En concreto, se trataba de infracciones urbanística relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en cinco partidas rurales de la ciudad de Alicante. Las conocidas como Moralet, Verdegás, Cañada del Fenollar, Alcoraya y Fontcalent. 

Los agentes han efectuado más de 70 inspecciones, que les han permitido comprobar que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables. Muchas de ellas, ubicadas en zonas de ramblas. Unos terrenos donde la normativa prohíbe expresamente la división del suelo y cualquier tipo de construcción.

La Guardia Civil descubrió que el modus operandi utilizado era que los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían sus terrenos para revenderlos. O mediaban en operaciones para convencer a los compradores. Luego, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto documental como físicamente, para obtener un mayor beneficio.

De los 64 investigados antes citados, la Guardia Civil sospecha que tres han actuado supuestamente como intermediarios. El Instituto Armado ha dado cuenta de sus investigaciones al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante. Pero, también, se han comunicado las posibles infracciones urbanísticas a los organismos competentes. Una circunstancia que puede llevar aparejada sanciones económicas. E, incluso, la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros básicos para una vivienda, tales como agua, luz, gas o telefonía, según la Guardia Civil.