Las empresas de la Generalitat de Puig formalizaron 9.367 altas laborales sin autorización en 2 años

Las empresas del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana han efectuado entre los años 2021 y 2022 más de 9.317 altas de personal laboral temporal sin contar con la autorización de la Dirección General de Presupuestos. Sólo en 2022, las altas de personal laboral temporal sin esa autorización ascendieron a un total 5.050 de las 8.092 realizadas, según se desprende del informe de la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan de Auditorías del Sector Público 2023, que hace mención a la anualidad de 2022, algunos de cuyos datos ha hecho públicos este martes el Gobierno valenciano a través de su consejera portavoz y titular de la Cartera de Hacienda Ruth Merino.

Carlos Mazón, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, ya anunció en enero la intención de la Generalitat Valenciana de realizar una auditoría externa para conocer el alcance de las supuestas irregularidades y anomalías que se desprendía del informe de intervención correspondiente a este mismo plan, pero de 2021.

El citado informe del ejercicio de 2022, advierte de incumplimientos en la normativa en las áreas de retribuciones de personal, contratación, control de subvenciones y tesorería, entre otros, según ha revelado la propia Generalitat Valenciana. Se da la circunstancia de que el informe del ejercicio anterior, el de 2021, es el que arrojó el dato de un total de 253.122 contratos menores en los que se gastó 713 millones de euros.

De hecho, este informe de 2022 es el siguiente al que se conoció en enero de este 2024, correspondiente al ejercicio de 2021, en el que según desveló entonces el presidente de la Generalitat Carlos Mazón, las contrataciones de personal no autorizadas fueron 4.317. La suma de ambos, el de 2021 y el 2022 es la que arroja esas 9.367 altas de personal laboral temporal, que carecían de la autorización de la dirección general.

Además, de las 42 entidades del sector público instrumental sujetas a la obligación de tener masa salarial en ese 2022, únicamente 17 disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Este dato, conlleva que el 84% de los importes que fueron satisfechos por esas entidades en concepto de retribuciones no existía masa salarial autorizada, según ha revelado también Ruth Merino.

En total, han sido auditadas 53 entidades, de las que sólo cinco han recibido una calificación favorable. Otras 40, han obtenido una calificación favorable con salvedades. Y ocho entidades han recibido una calificación desfavorable. Hay una entidad más que ha recibido una valoración denegada.

La Intervención ha detectado también la recepción de bienes y servicios sin expediente de contratación por un importe de 117,2 millones de euros. Esta cantidad, representa el 17,22% de los contratos adjudicados por el Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana en el año 2022. Es decir, que 17 de cada 100 contratos de ese sector carecían de expediente de contratación.

Revela, además, la Intervención, según ha hecho público la Generalitat, que en un total de 18 entidades se ha realizado un «uso incorrecto» de la contratación menor, porque se trata de «necesidades recurrentes» que se repiten un año tras otro o se produce «fraccionamiento de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo lo que dispone la ley de contratos».

También, en 11 de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana «no se han adoptado medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción».