Vox insta a Prohens a eliminar el requisito de catalán para dar clases en colegios e institutos de Baleares

Con una enseñanza como la balear, en el furgón de cola en el grueso de rankings educativos nacionales y que exige a los profesores que quieran dar clases en colegios e institutos un completo dominio hablado y escrito del catalán (nivel C1) y la superación del denominado Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC),  Vox ha presentado una iniciativa parlamentaria para que el Ejecutivo de la presidenta del PP, Marga Prohens, elimine la imposición de esta lengua como requisito ineludible para el acceso a la docencia en Baleares.

Una proposición para garantizar que el desconocimiento de esta lengua cooficial en las Islas con el español no penalice en ningún supuesto el acceso a la función pública. No se trata de una moción nacida de la improvisación del partido de Santiago Abascal. El punto 55 del acuerdo programático firmado entre PP y Vox el mes de julio pasado, que ha permitido un gobierno en solitario y en minoría a Marga Prohens, recoge literalmente el compromiso de llevar a cabo «el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».

El pacto entre las dos formaciones de centro derecha, entre otras cuestiones, ha sentado las bases para poner fin a la dictadura del catalán que las Islas han padecido durante los ocho años de gobierno de la socialista, Francina Armengol, y ahora Vox quiere dar pasos para ir desarrollándolo en el ámbito educativo.

Por ello insta a Prohens a que se considere el conocimiento del catalán como un mérito, o criterio adicional en la selección de futuros educadores, sin hacer además del FOLC, un requisito indispensable para cualquier proceso de acceso al cuerpo docente.

Y es que tal exigencia supone, en la práctica, una imposición lingüística que discrimina a los ciudadanos de Baleares, y de otros lugares de España, que no disponen de los certificados mencionados de catalán para acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad.

A ello hay que sumar el agravante de que es también un requisito imprescindible para aquellos docentes que deban impartir las clases en castellano, por ser esa la opción elegida por los alumnos o por los padres, madres o tutores legales de éstos, una vez entre en vigor la libre elección de lengua.

Con esta medida de hecho, se atraerían a Baleares los mejores perfiles docentes posibles del conjunto del territorio nacional, porque se permitiría a los profesores de otros lugares prestar sus servicios en las Islas, sin que las barreras lingüísticas sean un obstáculo insalvable para ellos y sus familias.

Hay que tener en cuenta que Baleares año a año figura en los peores puestos en materia educativa, con el porcentaje de alumnos escolarizados de 17 años más bajo de toda España: 82,3 % frente al 90% de media nacional siendo la cuarta comunidad con mayor porcentaje de abandono educativo temprano (sólo por detrás de Andalucía, Melilla y Ceuta) con un 21,3% de jóvenes de 18 a 24 años que no ha completado la ESO y que no sigue ningún tipo de formación.

Por ello desde Vox instan al Govern de Marga Prohens a «avanzar en el desarrollo normativo que sea necesario para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública, de modo que el conocimiento de esta lengua sea un mérito pero no un requisito para acceder a las plazas de la función pública que no requieran de dicho conocimiento».

La propuesta que nace del acuerdo programático entre los dos partidos, más que previsiblemente contará con el rechazo frontal, no sólo de las formaciones del anterior Govern, PSOE, independentistas de Més y de la única diputada que tiene Podemos en el Parlament, sino del sindicato mayoritario en la docencia pública balear (STEI), afín a las tesis de los partidos separatistas catalanes.