Varapalo de la UE a Armengol: rechaza la prohibición de la venta de viviendas a no residentes

La Unión Europea rechaza que Baleares prohíba la venta de viviendas a no residentes (extranjeros y peninsulares) que promueve la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol y sus socios de gobierno independentistas de Més y Podemos.

La comisaria europea de Estabilidad Financiera y Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en respuesta a una pregunta realizada sobre esta cuestión por la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, deja claro que esta medida es totalmente contraria a los principios del derecho comunitario y del libre mercado, pilares básicos de la Unión Europea.

«El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes», apunta McGuinness.

La comisaria europea, no obstante, precisa que «tales restricciones pueden estar justificadas por las razones enunciadas en el artículo 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», pero puntualizando que las medidas nunca podrán ser «discriminatorias».

El rechazo de la UE a la propuesta del Ejecutivo de Armengol de limitar la compraventa de inmuebles en Baleares a los residentes con un mínimo de cinco años de permanencia en las Islas está en línea con lo expresado la semana pasada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que también consideró que esta medida no se ajusta al derecho comunitario y puede resultar «discriminatoria».

En respuesta a una serie de preguntas presentadas por las diputadas de Podemos por Baleares, Antònia Jover y Lucía Muñoz, sobre la posibilidad de prohibir la compra de viviendas a no residentes, el Gobierno considera que el citado Tratado de Funcionamiento de la UE «prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre éstos y terceros países».

Pese a chocar con los pilares básicos fundacionales de la UE, el Ejecutivo balear sigue defendiendo la medida y, de hecho, el vicepresidente y ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes, mantiene que lo que califica de «excepción balear» para restringir la compra de viviendas a no residentes «es posible», manifestó el pasado lunes en una simple declaración de voluntad política de marcado tinte electoralista, sin respaldo jurídico alguno.

El Govern ha llegado a crear una comisión para este fin, en la que participa la UIB, para buscar mecanismos que permitan esta limitación de compra a los no residentes, y los socios de Sánchez ya advirtieron el pasado fin de semana de que van a continuar presionando a los socialistas para impulsar esta medida desde el Gobierno central.

En concreto, fue la secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la que aseguró que «Podemos no va a parar de luchar contra la emergencia habitacional». En ningún momento, Belarra hizo alusión a toda la batería de restricciones y desclasificaciones de suelo urbano y urbanizable implantadas por el Govern de Armengol en estas dos legislaturas, que han disparado el precio de la vivienda un 80%, hasta situar a Baleares como la comunidad con el mercado inmobiliario más caro de toda España.