La Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares

Hans Lenz (ABINI): «La intención del Govern de vetar la compra de vivienda a extranjeros no es realista»

UE viviendas Baleares
Hans Lenz, director de ABINI.

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares (ABINI), Hans Lenz, tilda de «irrealista» la intención del Govern balear de vetar la compra de vivienda a extranjeros en Baleares. «La propuesta no es realista en primer lugar porque el derecho de la UE protege la libertad de circulación de capitales y mercancías, además de la libertad de residencia dentro de la Unión Europea a sus ciudadanos», explica Lenz a OKDIARIO.

Además, argumenta que «la Constitución Española asegura igualmente la libertad de residencia a sus ciudadanos dentro del Reino de España sin restricción alguna». La tercera razón que refutaría el proyecto del Ejecutivo balear es, según Lenz, que «ninguna autonomía en España tiene competencia para decidir ninguna inmigración, ni restricción de residencia unilateralmente».

La realidad es que el Govern balear, integrado por un tripartito de PSOE, Podemos y Més, ha creado una comisión para analizar la posibilidad de prohibir la adquisición de vivienda a los ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años residiendo en la comunidad. El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela (PSOE), afirmó en octubre que son «partidarios de fijar límites». El vicepresidente Juan Pedro Yllanes (Podemos), defendió hace unos días este tipo de restricciones y puso como «modelo a seguir a Canadá», que acaba de tomar este tipo de medidas de forma temporal.

Ahora bien, para el presidente de ABINI los responsables de promover este proyecto han sido «los partidos minoritarios comunistas y ecoindependentistas Podemos y Més, los cuales «han impulsado una petición en el Parlament balear y en el Senado español solicitando que el Gobierno Central  busque la manera de que se pueda presentar ante la UE en Bruselas una posible limitación de compra de inmuebles a compradores no residentes en Baleares», apunta.

«La justificación utilizada por estos partidos es el aumento de los precios de la vivienda y la falta de viviendas asequibles en las Islas», afirma Hans para añadir lo siguiente: «A nivel político, la petición de introducir la limitación cuenta con escaso apoyo y sus promotores utilizan erróneamente el ejemplo de Austria, Dinamarca y las Islas Åland, al no explicar que estas restricciones eran una parte condicional del Tratado de Entrada de la UE para esos países. Ningún estado, y mucho menos una región por sí sola, ha conseguido introducir una limitación a posteriori, ya que el Gobierno central, la UE y todos los estados miembros de la UE tienen derecho a estar en desacuerdo con un cambio tan fundamental y una limitación de los derechos básicos de los ciudadanos de la UE».

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) también ha denunciado la propuesta de limitar la compra por parte de no residentes, alegando que va en contra de las leyes europeas y españolas y no corrige la falta de vivienda asequible, mientras que pone en grave riesgo al sector de la construcción, que representa el 25% del PIB de las Islas y más de 100.000 trabajadores.

Por otro lado, Podemos ha registrado en el Parlament la propuesta para que sea considerado gran tenedor quien tenga cinco o más viviendas en propiedad. La formación morada ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley de Vivienda de Baleares para rebajar de 10 a 5 el número de pisos para ser considerado un gran tenedor. Con este cambio, si se aprueba en el Parlament, el Ejecutivo de Baleares podrá expropiar a los propietarios que tengan cinco o más viviendas vacías para destinarlas al alquiler social.

«Desde ABINI mostramos nuestro rechazo a esta propuesta lanzada por Podemos», afirma rotundo Hans Lenz, quien añade que el plan del Govern de Armengol de facilitar el acceso a la vivienda mediante las expropiaciones a grandes tenedores «no ha servido de mucho», puesto que «en cuatro años, el Ejecutivo autonómico ha expropiado 16 viviendas pero sólo ha conseguido adjudicar tres en alquiler social».

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