El TSJB denuncia que el Gobierno «no ha hecho nada» para construir la Ciudad de la Justicia prometida en 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) denuncia en su memoria anual los retrasos del Gobierno para construir l prometidas Ciudad de la Justicia en Palma, un proyecto anunciado en 2022 y que desde entonces no ha visto ningún avance: ni se ha convocado el concurso de ideas previsto para la segunda mitad de 2023 y ni siquiera se han adquirido los terrenos que hoy en día siguen siendo propiedad de la  Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

«La verdad es que no se ha hecho nada», hace constar la memoria entregada este martes por el presidente del TSJB, Carlos Gómez, al Parlament.

En este documento, se señala un año más la necesidad perentoria del nuevo edificio para la Audiencia, una reivindicación recurrente en las memorias anuales del TSJB. También se denuncian las carencias de personal.

La nueva Ciudad de Justicia debe construirse en unos terreno de Son Pardo, junto a la Vía de Cintura, y albergaría también los Juzgados de lo Penal esponjando el edificio de avenida Alemania, antiguo emplazamiento del Colegio La Salle y «sobreocupado» en la actualidad.

En diciembre de 2022 la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el proyecto de Ciudad de la Justicia. Para ello, el Ministerio había alcanzado un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por un precio de 4,7 millones de euros por 212.825 metros cuadrados de suelos urbanizables.

Sin embargo, según señala el TSJB en el documento entregado al Parlament, «ni tan sólo se han adquirido los terrenos, que continúan siendo propiedad de la Sareb».

La memoria del TSJIB insiste en que la falta de espacios está condicionando la creación de nuevas plazas judiciales, como es el caso del juzgado contencioso-administrativo número 4, formalmente creado pero sin puesta en marcha efectiva y sin «perspectiva de que pueda ser una realidad a corto plazo».

Gómez insiste en la necesidad de que la Audiencia Provincial cuente con un espacio propio -ya que actualmente lo comparte con el TSJB- que disponga de «salas adecuadas» para juicios con un elevado número de acusados. La memoria también recoge la idoneidad de crear una nueva sección civil en la Audiencia.

El documento alerta, asimismo, de las carencias de personal por el goteo de bajas por enfermedad y los efectos de la insularidad. Entre magistrados, «en algún supuesto ha resultado difícil encontrar personas dispuestas a su ejercicio entre los nombrados, habiéndose producido renuncias posiblemente por no soportar la carga de trabajo».

La falta de personal acucia también al funcionariado. La interinidad «continúa siendo un problema endémico» fundamentalmente «por el escaso porcentaje de funcionarios con residencia habitual en Baleares que aprueban las oposiciones». Como ocurre en otros cuerpos, como las fuerzas de seguridad, las plazas se asignan a funcionarios procedentes de la Península «que con prontitud piden traslado» por la insularidad y el alto coste de vida.

Por ello, la memoria del TSJB aboga por adecuar el plus de insularidad para equipararlo con el de Canarias. Además, «es esencial estabilizar las plantillas», con las listas de sustituciones «prácticamente agotadas».

El bloque del Consejo del Poder Judicial

Por otra parte, el documento entregado al Parlament recuerda que la presidencia de la Audiencia Provincial está vacante desde octubre de 2022 tras la renuncia de Diego Gómez-Reino, debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, sin poder efectuar nombramientos.

«Deseo hacer constar que sería positivo que se desbloqueara esta situación y pudiera acceder a la presidencia una persona que lo desee, y con plenitud en los derechos y obligaciones propias de este cargo», expresa Gómez.

La memoria repasa los datos de actividad que ya publicó el CGPJ en marzo. Cabe destacar la situación de los juzgados de lo contencioso administrativo, a pesar de las medidas de refuerzo adoptadas. Este orden «tiene una elevadísima carga de trabajo ya que han entrado más de 1.000 asuntos por Juzgado» en 2023, y «el número de jueces es totalmente insuficiente» para poder prestar un servicio adecuado. En Palma, cerca de 1.500 asuntos anuales son en materia de expulsiones de extranjería.

La juez decana de Palma, Sonia Vidal, alerta en su valoración por la jurisdicción civil, «desbordada» tras asumir los asuntos en materia de transporte aéreo: esto ha supuesto 5.000 asuntos más y hay unas 16.000 reclamaciones de cantidad mediante procesos monitorios. «Los números señalan que hacen falta entre 10 y 11 Juzgados» y falta personal en todas las categorías, provocando «un éxodo» a otros órganos por «agotamiento».

«La falta de interés del Gobierno en Baleares»

Vidal constata que, en general, los Juzgados de Palma están «llegando a una capacidad máxima» al no poder contar con los órganos y personal necesarios para responder a la actividad. Además, las huelgas de funcionarios en 2023 tuvieron una «notable influencia en la suspensión de juicios y acumulación de retrasos».

Ahonda también en las necesidades de obra para adecuar espacios y de hacer atractiva Baleares como destino laboral: «La situación es precaria y desde Madrid no hay ningún interés especial en su solución», se lamenta.

La memoria anual del TSJB avisa también del «severo problema» con el servicio de traducción e interpretación, especialmente en la temporada estival en una comunidad turística como es Baleares.

Se trata de un servicio externalizado. «La tardía comparecencia de los intérpretes es determinante de retrasos tanto durante la guardia como en la celebración de juicios», abunda el documento entregado al Parlament. Estas incidencias han provocado una queja que se ha elevado a la Gerencia territorial.