La socialista Armengol veta a 12 aspirantes a enfermeras y 2.500 celadores por no saber catalán

La Consejería de Salud del Govern balear ha decidido excluir a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el conocimiento del catalán. Son en concreto 12 enfermeras de Urgencias, 2.500 celadores y una cuarentena de trabajadores sociales e higienistas bucales.

La Consejería había convocado un concurso de méritos para la confección de una bolsa de interinos para el Servicio de Salud al que se presentaron unos 7.000 aspirantes, pero 2.600 ya no tienen ninguna posibilidad de ocupar una plaza por mucha formación y experiencia que tengan debido a que no tienen el título de catalán y todo esto a pesar de la falta de personal en todos los campos que sufre la sanidad balear desde hace años y más desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

En Baleares gobierna el pacto de izquierdas formado por el PSOE, Unidas Podemos y el partido nacionalista Més per Mallorca, y está presidido por la socialista Francina Armengol. La Consejería de Salud, con Patricia Gómez (PSOE) al frente, ha aplicado el decreto de 18 de noviembre de 2016 aprobado por el anterior pacto de izquierdas que establece que entre los requisitos para entrar en las bolsas de interinos está el conocimiento del catalán.

Hasta la aprobación de este decreto el conocimiento del catalán era un mérito pero no un requisito. En el ámbito sanitario la norma afecta a los celadores pero también a todo el personal, médicos y enfermeras incluidos, lo que ha generado constantes protestas del sindicado médico Simebal y más en esta época de crisis sanitaria.

En ocasiones se han hecho excepciones a la aplicación del decreto pero en esta ocasión no ha sido así ante las presiones de los soberanistas de Més para imponer el catalán en todos los ámbitos, incluso en las comisarías de la Guardia Civil y Policía Nacional como publica este miércoles OKDIARIO.

Una excepción  al decreto del catalán fue en septiembre de 2020 a las puertas del inicio del curso escolar cuando el Govern estaba desesperado por encontrar personas que supieran catalán para limpiar los colegios. En aquel momento se consideraba urgente reforzar la limpieza para frenar los contagios por coronavirus. Había entonces, como hoy, una elevadas cifra de desempleo y una profunda crisis económica y parecía extraño que fuera difícil encontrar personas dispuestas a limpiar los colegios.

El único problema era que para estas tareas de limpieza era imprescindible saber catalán. Al final el Govern no tuvo más remedio que rectificar y aprobar un decreto urgente para eliminar este requisito pero sólo en la convocatoria de limpiadores. Fue una excepción puntual que motivó el enfado de los nacionalistas de Més dado que se incumplía la ley aprobada en 2016 de modificación de la Función Pública de la Comunidad. Una ley que contenía «medidas de recuperación y fomento del uso del catalán en el ámbito de la función pública». La lengua catalana volvía entonces a ser requisito para acceder a la Administración pública.

«Hay déficit de personal»

Ahora no ha habido ninguna excepción y se prescinde de 2.600 aspirantes a una plaza en el Servicio de Salud y Servicios Sociales por no saber catalán. Para luchar contra la imposición del catalán en la sanidad balear nació la plataforma Mos Movem. Su portavoz, Belén García, afirma que «hay déficit de personal en todas las categorías de la sanidad balear y de los Servicios Sociales, que hay plazas vacantes en los centros de salud y que ante la situación de pandemia hay una gran demanda de trabajadores sociales que no se puede atender por falta de personal y todo ellos es debido a la obligación de conocer el catalán».

Belén García añade que el Goven de Armengol «hace gala de un fundamentalismo que afecta muy negativamente a los ciudadanos». «Ha montado un negocio con la Oficina de Derechos Lingüísticos que está destrozando a la sanidad balear».

La Oficina de Derechos Lingüísticos es un organismo creado esta legislatura para imponer a toda costa el uso del catalán. Está en manos de los nacionalistas y se dedica a presentar y tramitar denuncias por incumplimiento de la normativa sobre el uso de la lengua propia de las islas.