Los pueblos de Mallorca empiezan a dejar de pedir el requisito de catalán para trabajar de barrendero

Los ayuntamientos de los pueblos de Mallorca empiezan a dejar de pedir el requisito de catalán para barrer las calles y no sólo los gobernados por PP y Vox, como Calvià, Estellencs o la propia capital balear, Palma, que también lo ha eliminado.

Se ha sumado a esta iniciativa la localidad de Sa Pobla, dirigida por el alcalde Biel Ferragut, de Independents per Sa Pobla (IxSP), apoyado por PSOE, independentistas de Més y regionalistas de El PI.

Si durante las dos pasadas legislaturas, con la socialista Francina Armengol gobernando en Baleares, las titulaciones oficiales de catalán eran obligatorias para el acceso a cualquier empleo público, ahora y aunque el Ejecutivo balear de Marga Prohens no ha modificado normativa alguna al respecto, hay empresas públicas municipales y ayuntamientos donde la exigencia lingüística del catalán ha decaído.

Es el caso de Sa Pobla, una localidad de 15.000 habitantes, donde ha pasado a ser un mérito como cualquier otro certificado oficial académico, al menos, para ser barrendero municipal. Así figura en los requisitos del bolsín de trabajo de personal municipal de limpieza para la cobertura de las bajas, licencias y permisos del servicio.

Una convocatoria donde para participar se requiere, además de tener la nacionalidad española, 16 años cumplidos, no haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario y tener el Graduado Escolar o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

El certificado de catalán figura en los méritos a computar del interesado. En concreto, tener el mínimo nivel requerido (A2) se premia con un punto y a partir de ahí con 0,50 puntos adicionales en el resto de niveles superiores. Pero ya ha dejado de ser requisito obligatorio como lo era hasta la fecha, lo que ha permitido, en este caso al Ayuntamiento de Sa Pobla, constituir de cara a la inminente temporada turística una bolsa de peones de 10 personas (nueve mujeres y un hombre) que pasarán a limpiar las calles de esta localidad.

En el caso del privilegiado pueblo de Estellencs, en plena Serra de Tramuntana, en las bases reguladoras del proceso selectivo para incorporar un peón para labores de mantenimiento, tareas de albañilería, limpieza de calles, espacios públicos, instalaciones y equipamientos tampoco figura el catalán como requisito.

Pero la aleatoriedad con la exigencia del nivel de catalán es la nota predominante en las convocatorias públicas.

Así en Santa Margalida, pueblo gobernado por Convergéncia y sostenido tras un pacto con el PP en una convocatoria para un puesto idéntico de personal de limpieza, sí se necesita estar en posesión del certificado de conocimientos de catalán.

Pero en Palma, donde gobiernan los populares, ha dejado de exigirse para ser barrendero en la empresa municipal Emaya. Una decisión en este caso adoptada con el rechazo de los partidos de la izquierda e independentistas y que acabará en los tribunales.

Los conocidos como los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua, ya ha anunciado que impugnará las convocatorias del Ayuntamiento de Palma en las que no se garantice la imposición del requisito de catalán en los procesos de selección de personal, porque, a su juicio, «supone una vulneración clara del marco legal establecido en las Islas Baleares».

Según este colectivo, los casos donde el conocimiento del catalán se considera sólo un mérito y no un requisito, «implica que una persona que no conozca la lengua catalana puede obtener su plaza, lo que contradice las normativas que regulan el acceso a la función pública en las Islas Baleares que garantizan el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales».