El PSOE ocultó una auditoría que alertó de un enriquecimiento injusto de 42 millones del concesionario de residuos de Mallorca
Denunció además que los mallorquines abonaron entre 2016 y 2020 “unas tarifas superiores a las que correspondían”
La ex presidenta Cladera desoyó las recomendaciones técnicas para recuperar el millonario enriquecimiento injusto

La ex presidenta socialista y hoy portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ocultó una auditoría que alertaba de un enriquecimiento injusto de 41,4 millones del concesionario de residuos de Mallorca (Tirme) entre 2016 y 2020.
Fue en el año 2019 cuando la institución insular encargó una auditoría de la concesión de Tirme a la empresa PWACS a raíz de la cual se elaboraron unos informes emitidos en el año 2021.
La auditoría alertó al gobierno de coalición de socialistas, separatistas de Més y Podemos de que se había producido un «millonario enriquecimiento injusto» durante los últimos cinco años de vigencia del contrato de la empresa concesionaria del servicio público de tratamiento de residuos urbanos y asimilables de Mallorca, cuyo titular es el Consell de Mallorca.
El dictamen constataba la existencia de un enriquecimiento del contratista, que tipificaba de injusto en cuanto que «no era dependiente de su buena gestión, sino de la forma de ejecutar el contrato en cuanto a la revisión de tarifas y a las modificaciones operadas sobre el mismo».
Un beneficio de 41,45 millones de euros desde el ejercicio 2016 hasta 2020 que se materializó por una actualización de las inversiones con cargo al IPC anual, cuando no estaba permitido por el pliego de bases o del estudio económico presentado por el adjudicatario y contratista de la administración insular.
Por contra, como se refleja en esta auditoría, la otra cara de la moneda es que «ha existido un empobrecimiento de los usuarios del servicio público en cuanto que han abonado unas tarifas superiores a las que hubieran correspondido».
Más que nada porque, como se expone en esta fiscalización, «también se da una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, pues unas tarifas fijadas de forma irregular son las que determinan (quienes las pagan en exceso sobre lo que deberían abonar) el enriquecimiento del contratista de la Administración».
Pese a conocer la gravedad del contenido de esta auditoría y el perjuicio ocasionado a los sumerios contribuyentes mallorquines en la tasa de tratamiento de residuos, la ex presidenta socialista no es que no hiciera nada, es que ignoró por completo las soluciones aportadas en este informe para solventar el excesivo beneficio económico y la posibilidad de recuperar el enriquecimiento injusto producido.
La respuesta de la aún portavoz insular socialista fue sencilla: guardó esta auditoría y los informes en un cajón y continuó permitiéndolo.
El anterior gobierno insular desoyó las recomendaciones aportadas por los técnicos de Intervención, entre las que figuran la necesidad de iniciar un expediente de interpretación contractual; eliminar la actualización anual por IPC de las inversiones en la tarifa de residuos sólidos urbanos; revisar las tarifas futuras (uno de los informes propone expresamente que, después de la interpretación del contrato, las futuras tarifas reflejen el nuevo cálculo económico) o solicitar el dictamen del Consell Consultiu si existe oposición de Tirme. En suma, no se atendió ninguna de las recomendaciones.
Aunque en 2021 se propuso a los servicios técnicos de residuos el inicio del expediente sobre la interpretación del contrato del servicio de gestión de los residuos, el expediente no prosperó.
No sólo no hizo nada, sino que en 2023 adjudicó la construcción y explotación de la planta de compostaje de Llucmajor a Tirme por un importe de 30 millones de euros.
Ante esta completa dejación de funciones, el actual gobierno insular de coalición de PP y Vox, presidido por Llorenç Galmés, ha encargado un estudio técnico y jurídico de la fórmula de cálculo de revisión de la tarifa y de sus consecuencias y una auditoría externa de Tirme.
Será por tanto cuando se disponga de los informes cuando el Consell intentará llegar a un acuerdo con el concesionario para modificar la tarifa e iniciar un expediente de reclamación de cantidad por el enriquecimiento injustificado.