Palma prepara nuevas concesiones con menos tumbonas y sombrillas por la erosión en las playas
El Ayuntamiento justifica esta "sensación" de mayor ocupación a que en las playas "hay menos arena"
Acusa al anterior gobierno de izquierdas de tener las concesiones caducadas e incumplir la norma de accesibilidad
El Ayuntamiento de Palma prepara nuevas concesiones con menos tumbonas y sombrillas por la erosión en las playas, tal y como ha avanzado la teniente de alcalde y portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, al ser preguntada por algunas quejas de los vecinos Cala Major por la ocupación este tipo de elementos en los arenales de la zona.
Celeste ha asegurado que el gobierno municipal presidido por el alcalde del PP, Jaime Martínez, trabaja en confeccionar los pliegos de las nuevas concesiones en las playas del municipio con menos espacio para las tumbonas y sombrillas por la erosión de la arena.
La representante local ha argumentado que esta sensación de una «mayor ocupación» se debe a que las concesiones están «caducadas desde hace años», y ahora el equipo de gobierno de la Corporación local trabaja en actualizarlas, sobre todo, en lo que se refiere a la línea de costa porque en las playas de Palma «hay menos arena» que hace 20 años, por lo que se da esa sensación de «sobreocupación».
«El Ayuntamiento trabaja a contrarreloj para solventar este problema pero no hay alternativa a que haya menos sombrillas y hamacas, dado que en las playas tienen que poder convivir estas concesiones con la gente que no las usa y se tienen que poder transitar», ha alegado.
Celeste ha puntualizado que, a raíz de las quejas de los vecinos de Cala Major, los técnicos del Ayuntamiento fueron a comprobar que en todas las playas se cumplía con lo previsto en los pliegos de condiciones de las concesiones, algo que ha asegurado que sí sucedía pero al ser permisos autorizados años atrás, ahora «la playa es otra».
En ese sentido, se ha quejado que «todas las concesiones» están «caducadas» y en la actualidad Palma tiene una línea de costa «totalmente diferente a la que había hace 30 o 10 años».
«Estas concesiones caducadas, que se han tenido que prorrogar para dar servicio a los usuarios de las playas, no se corresponden a las necesidades de la playa por la línea de costa actual», ha remarcado.
Otro de los aspectos por los que ha incidido en esta actualización de los pliegos es la accesibilidad porque, a su juicio, la norma de accesibilidad durante la anterior legislatura «no se cumplía» y esto es «gravísimo». «El Ayuntamiento tiene la obligación de hacer las playas accesibles para todo el mundo y este también es uno de los objetivos», ha manifestado.
El Ayuntamiento de Palma ha anunciado hoy también que pedirá al Govern la declaración de inversión de interés autonómico para acelerar las actuaciones que se llevarán a cabo en el polígono de Son Rossinyol en la la construcción del Centro de Operaciones EMT-ECO.
Esta ha sido una de las medidas adoptadas en la Junta de Gobierno del Consistorio y que ha explicado en rueda de prensa Celeste.
El proyecto pretende mejorar el servicio de transportes municipal, al avanzar hacia la eliminación de las emisiones de gases contaminantes con la renovación de la flota de autobuses que usen combustibles más limpios, como la electricidad.
Celeste ha indicado que esto implicará la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura operativa a los autobuses eléctricos con unas cocheras vanguardistas.
El Ayuntamiento justifica la construcción de esta gran infraestructura porque las actuales cocheras de la EMT «no pueden albergar el alto número de autobuses existentes», ya que tienen capacidad para 150 autobuses y la empresa dispone actualmente de 250 vehículos.
Con la electrificación de toda la flota de autobuses, Palma dispondrá en el año 2027 de un 50 por ciento de su flota electrificada y en el año 2030, la electrificación de la flota llegará al 100% de los autobuses.
La portavoz ha añadido que este centro permitirá la renovación de la actual flota, puesto que el Ayuntamiento tiene intención de adquirir 100 autobuses eléctricos con un coste aproximado de 80 millones de euros (a lo largo de la legislatura 2023-2027), de los que 65 serán de 18 metros, dos de 15 metros, 20 de 12 metros, 11 de 10 metros y dos vehículos de 8 metros, que permitirá la progresiva sustitución de toda la flota hasta conseguir que sea cero emisiones en 2030.
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