Los manteros a sus anchas, a la sombra y con total impunidad en el centro histórico de Palma

Dos días después de presentar el alcalde socialista de Palma, José Hila, el dispositivo de refuerzo policial para este verano y hacerse la foto de rigor con la edil de Seguridad ciudadana, Joan Maria Adrover, los manteros continúan su expansión por las playas y el centro de Palma. Lugares tan emblemáticos como S’Hort del Rei, paso obligado para miles de turistas y cruceristas que visitan cada día la capital balear, van camino de convertirse en un zoco de ambulantes ilegales ante la total pasividad del gobierno municipal.

En este céntrico espacio, y a la sombra, varios manteros tienen expuestos en sábanas, con total tranquilidad, orden y esmero, toda clase de productos para su venta, sin temor alguno a la llegada de agentes de la Policía, que rara vez se dejan ver por la zona.

Aunque, en teoría, el refuerzo policial de verano, compuesto por 75 agentes, 45 menos de los inicialmente previstos, tenía la misión, según el comunicado del gobierno municipal, de «combatir todo lo que suponga infracción de las ordenanzas municipales y que tenga relación con la actividad turística (trile, venta ambulante ilegal, publicidad dinámica fuera de normativa, la contaminación acústica, el exceso en el consumo de alcohol, los botellones…)», a pie de calle los manteros de S’Hort del Rei no parece que estén muy presionados policialmente hablando.

Todo ello para desesperación de los comerciantes de la avenida de Antoni Maura que pagan religiosamente sus impuestos y unos alquileres por las nubes para poder tener su negocio en este céntrico lugar.

Y es que desde 2019, cuando la concejala socialista Adrover se puso al frente del cuartel de Sant Ferran y tras el nombramiento en octubre de ese año de José Luis Carque como nuevo jefe de la Policía Local de Palma, se han dejado de montar operativos específicos contra la venta ambulante ilegal, pese a que el vicepresidente del Govern, el exjuez Juan Pedro Yllanes (Podemos), dejaba claro la semana pasada en el Parlament balear que el control y la vigilancia de esta actividad ilícita era competencia municipal.