El colapso informático mantiene paralizado el grueso de la actividad del Ayuntamiento de Palma

El colapso informático mantiene paralizado el grueso de la actividad de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Palma desde hace una semana, tras la avería de la aplicación tecnológica que remite la documentación a los responsables políticos de las áreas municipales. Cientos de expedientes, notificaciones, licencias y decretos se acumulan en las mesas de los empleados públicos tras la caída del sistema el pasado viernes. 

Los trabajadores del Instituto Municipal de Innovación (IMI) han sido incapaces hasta ahora de dar respuesta, en tiempo y forma, a una situación que está generando un notable malestar y preocupación en las jefaturas municipales por la envergadura del trabajo acumulado y su repercusión en las comunicaciones con los ciudadanos. 

Desde el viernes, todos aquellos que necesiten una licencia para la ocupación de la vía pública, un permiso de obra, una autorización para la instalación de una terraza, una bonificación de impuestos o cualquier trámite municipal para poder abrir cualquier negocio, tendrán que esperar a que los técnicos del IMI den con la tecla y arreglen un programa informático obsoleto que dejó de funcionar hace ya siete días. 

Una situación insólita, que afecta al Ayuntamiento de la octava ciudad de España, que con una plantilla de un centenar de informáticos municipales, y dos empresas como Ricoh y Vodafone encargadas de gestionarlo, es incapaz de dar respuesta a este problema. 

Un colapso que no solo la padecen los ciudadanos sino también los partidos de la oposición, que sin ir más lejos no han podido tener acceso al grueso de contenidos de los acuerdos de la Junta de Gobierno ordinaria del pasado miércoles, al estar vinculada su tramitación a la aplicación informática averiada. 

Los problemas tecnológicos del Consistorio palmesano arrancaron, prácticamente en segundo año de la pasada legislatura con el alcalde socialista, José Hila, al frente del gobierno municipal. Todo empezó con la decisión del presidente del IMI, el concejal de Hacienda, Adrián García, de romper de forma unilateral el contrato con el anterior proveedor, T-Systems, al que acusó de no cumplir gran parte de su contrato de modernización tecnológica. 

En vez de intentar pactar una salida de común acuerdo, García que ya acumula seis años liderando este organismo, emprendió una guerra en los tribunales contra el anterior gestor. Una batalla judicial que el gobierno municipal está perdiendo, sentencia tras sentencia, y al que continúa pagando. 

La situación, lejos de mejorar, ha empeorado con la contratación de los nuevos proveedores informáticos del sistema de datos municipal, ante la falta de colaboración del anterior gestor para su puesta al día, y para un mantenimiento adecuado, de aplicaciones y programas tecnológicos.