El censo de víctimas de la Guerra Civil que hace cinco años Armengol vendió que ya estaba hecho no existe

La ex presidenta del Govern y ahora del Congreso de los Diputados, la socialista, Francina Armengol, no hizo el censo de las víctimas de la Guerra Civil en Baleares que vendió y dio por hecho hace cinco años (2019), un año después de que su Govern de coalición con los independentistas de Més, aprobara la Ley de Memoria.

En concreto, fue en mayo de aquel año cuando tras reeditar su victoria en las urnas, la entonces entusiasta presidenta del Ejecutivo en funciones anunció que el Govern ya tenía casi listo, el primer censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en Baleares. Un total de 2.077 personas que fueron asesinadas en las Islas en la Guerra y postguerra según ese documento, a partir del cual, se podrían impulsar medidas de reparación a sus familiares.

Ese censo, que debería después aprobarse en la Comisión de Memoria y Reconocimiento Democrático, sería digitalizado, y posteriormente se iba a hacer público. Pero ni existió en 2019, ni se terminó de hacer después.

El ex vicepresidente del Govern de Podemos, Juan Pedro Yllanes, encargado de todo lo relacionado con la Memoria Democrática en el anterior Govern, fue incapaz de hacerlo en cuatro años. A fecha de hoy, de hecho, todavía está en ejecución, si bien todo hace indicar que, una vez derogada la ley la semana próxima, se guardará en un cajón ya que el avance ha sido mínimo.

El artículo 5 de la Ley 2/2018, de Memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares aprobada 13 de abril de 2018, determinaba la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Desde la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, anunció entonces el anterior Govern, «se ha encargado a un técnico experto en la materia la compilación de todas las víctimas».

El registro oficial, según el comunicado hecho público por el Ejecutivo el 31 de mayo de 2019, «recoge la lista de personas que tienen la consideración de víctimas», según unos criterios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Memoria y reconocimiento democráticos.

Se trataba, según se indicaba, de un documento directamente ligado al derecho a la verdad, es decir, el conocimiento real de las consecuencias de la Guerra Civil sobre la población, y también, a la reparación hacia las víctimas.

El primer paso era identificar a las víctimas y reconocerlas como tales, para poder emprender las medidas de reparación jurídicas necesarias.

La importancia recaía en el hecho de que, a partir de este documento, se podrían impulsar medidas de reparación hacia las víctimas.

«Cada uno de los nombres que figuran en el censo está avalado por su fuente histórica que determina el rigor del registro. Además, se especifica qué tipo de represión sufrió la víctima: asesinado sin consejo de guerra, ejecución, prisión, destierro, exilio, confiscación de bienes, etcétera».

Según recogía aquel comunicado, las personas asesinadas durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra sumaban un total de 2.077, de las que 1.544 son de Mallorca, 346 de Menorca, y 187 de Ibiza y Formentera.

Sin embargo, y a fecha de hoy, según fuentes de la dirección general de Coordinación y Transparencia del Govern «el estudio y actualización del censo y base de datos de personas asesinadas por la represión franquista en Baleares todavía está en ejecución», cinco años después de aquel anuncio de Armengol.

La semana próxima, en concreto el martes, el pleno del Parlament debatirá la derogación de esa legislación donde se incluía ese censo de víctimas de un solo bando, que saldrá adelante con los votos de la mayoría de diputados de PP y Vox.

Para esa jornada está anunciada por la denominada Plataforma por la Memoria Democrática la convocatoria de una concentración frente a la Cámara balear, a las 12.00 horas, en protesta por este acuerdo bajo el lema  Sin memoria no hay democracia.