La Sociedad Gitana Española pide cárcel para el alcalde de Íllora (PSOE) por «atentado de odio racista»

La Sociedad Gitana Española ha denunciado al alcalde de Íllora (Granada), Antonio Salazar (PSOE-A), por una presunta incitación al odio tras la muerte violenta de un joven de 19 años en las fiestas patronales del municipio en la madrugada del pasado lunes. Después de sucederse altercados en el pueblo, piden su ingreso en prisión por fomentar un «atentado de odio racista».

La asociación ha presentado la denuncia este martes en el Juzgado de Guardia, la Jefatura Superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental y la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma por una supuestas declaraciones del alcalde socialista, que éste niega haber hecho.

La muerte del joven, que sufrió una agresión mortal luego de una reyerta multitudinaria iniciada en el recinto ferial, desencadenó protestas vecinales y altercados, llegando estos a asaltar las viviendas de los familiares de los presuntos homicidas y volcando algunos de sus vehículos. Horas después se entregaba en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada un joven de 23 años como presunto autor de la agresión.

Según señala la Sociedad Gitana Española en un comunicado, los altercados son «graves delitos contra familias gitanas», por lo que piden que «se detenga de forma inmediata» al alcalde. Preparan además una concentración para que «cuando se produzca» este arresto, cientos de personas se presenten como «acusación particular y popular exigiendo su ingreso en prisión».

«Sus declaraciones pueden fomentar, como ya han fomentado, un atentado de odio racista contra familias gitanas que se han visto obligadas a marcharse por miedo a ser víctimas de asesinatos en tal municipio, incluidos niños menores de edad y personas mayores que nada tienen que ver con el delito que ha cometido una persona con nombres y apellidos», recalcan.

La denuncia también se presenta contra las administraciones públicas por permitir supuestamente una «manifestación ilegal» contra dichas viviendas, así como contra los responsables de Policía Local y Guardia Civil y «contra los autores intelectuales y materiales de tales delitos».

Fakali denuncia «agresiones» a familiares

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha condenado los hechos acontecidos en Íllora y ha manifestado su apoyo a la familia de la víctima, pero rechaza los destrozos cometidos en viviendas de familiares de los sospechosos de la agresión y en vehículos próximos a las mismas.

La asociación ha denunciado por escrito a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio de Granada para que inicie las investigaciones pertinentes para dirimir posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse «del accionar de un grupo minoritario de vecinos que, aprovechando la concentración pacífica convocada en repulsa por la muerte violenta del joven de 19 años, procedió presuntamente a atacar las propiedades de familias gitanas del pueblo». «Estos hechos nos recuerdan acciones violentas del pasado que merecen nuestro más absoluto y contundente rechazo», indica la entidad.

Y mientras el alcalde de la localidad ha explicado que el Ayuntamiento recoge firmas para que no vuelvan a suceder hechos como los que acabaron con la vida del citado joven de 19 años, Fakali dice que la «intención» de la recogida de firmas es «expulsar a toda la familia de los supuestos asesinos».

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas recuerda en dicho escrito ante la Fiscalía que con la reciente modificación del Código Penal se incluye el concepto de antigitanismo como agravante en la comisión de ilícitos penales y también como elemento motivador de los delitos de odio, por lo que entiende que ello «justifica una investigación de los graves sucesos ocurridos en la noche de este pasado lunes desde esta perspectiva».

Del mismo modo, se solicita a la propia Fiscalía de Delitos de Odio de Granada que revise de manera concienzuda los comentarios que han aflorado en redes sociales sobre estos lamentables hechos, unos mensajes «llenos de insultos, vejaciones y amenazas dirigidos a los gitanos y que de ninguna manera pueden ni deben estar protegidos por el derecho a la libertad de expresión».