El socialista que dilapidó dinero público en llamadas eróticas vuelve a juicio por malversación

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 22 de noviembre el juicio promovido contra el ex alcalde socialista de La Puebla del Río (Sevilla) Julio Álvarez González (en el cargo entre 1999 y 2011) por presunta prevaricación en varias contrataciones de la Mancomunidad del Guadalquivir cuando presidía dicha entidad.

Cabe recordar que Álvarez ya fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos. Entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 gastó 6.098 euros en llamadas a líneas eróticas y a su vecina desde su teléfono oficial. El socialista alegó que las llamadas a la mujer, que fue, según dijo, su novia en la adolescencia, se realizaron con el propósito de ayudarla, ya que atravesaba una situación personal delicada como víctima de malos tratos.

Su declaración no convenció a la Audiencia de Sevilla, que le sentenció a un año y medio de prisión y a otros tres de inhabilitación, apartándolo del cargo. «Las llamadas no obedecieron al loable sentido de responsabilidad del alcalde frente a los graves problemas personales de una vecina maltratada», sino que su justificación fue urdida «a posteriori» con «un propósito de autoexculpación que resulta inverosímil y absurdo», apuntó la sentencia.

Además, el tribunal condenó a un año y ocho meses de cárcel a su concejal Juan Carlos Benítez Martín, también socialista, por los delitos de falsedad y encubrimiento, dado que, a instancias del alcalde, manipuló los números de teléfono en las facturas que le pidió la oposición a fin de ocultar la malversación.

Ya en 2017, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) condenó a Álvarez a ocho meses de prisión por un delito de hurto después de que, como encargado en una planta de reciclaje de la empresa Banales I S.L., sustrajera con la ayuda de otro empleado material -aluminio y latas- por valor de más de 3.000 euros.

De nuevo a juicio

Ahora, y según el escrito de acusación de la Fiscalía, en junio de 2008, cuando la Mancomunidad del Guadalquivir estaba presidida por Julio Álvarez González y la Gerencia la ostentaba Jorge R.C., el ente acometió presuntamente la contratación de un varón como ingeniero técnico agrícola sin que el mismo «constase en ninguna bolsa de trabajo temporal, por orden de la Presidencia y Gerencia de la Mancomunidad, sin seguir el proceso selectivo establecido y con el informe desfavorable de la Intervención».

Además, en agosto de 2008 y noviembre de 2010 se llevaron a cabo otras contrataciones de peones de recogida de residuos en los mismos términos que la anterior. Por su naturaleza, la selección del personal de la Mancomunidad del Guadalquivir debe ser conducida «mediante convocatoria pública y concurso, oposición o concurso-oposición libre», según recalca el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press.

Por ello, la Fiscalía considera al socialista autor de dos presuntos delitos de prevaricación, solicitando para cada uno de los encausados, el presidente y el gerente de la entidad, un total de 23 años de inhabilitación para empleo o cargo público.