El socialista Barrientos justifica como «ayudas de su madre» su incremento patrimonial en el caso Astapa

El ex alcalde socialista de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, imputado por corrupción política y urbanística en el caso Astapa, justificó su sospechoso incremento patrimonial en «las ayudas económicas recibidas de su madre». La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz de este caso, que incluye una caja B, financiación irregular de partidos y cuentas bancarias en Andorra y Suiza.

Para Barrientos, que estuvo ya seis meses en prisión provisional, el Ministerio Fiscal pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de cárcel por presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. También piden multa y su inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años.

El ex socialista ha defendido siempre su inocencia y recalca que su actuación se llevó a cabo en todo momento «dentro de la legalidad». En el escrito de defensa alega que durante su gestión «nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto», fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor.

La evolución de su patrimonio, insiste, «se corresponde con los ingresos percibidos por el ejercicio de sus funciones y con las ayudas económicas recibidas de su madre». Añade además que los informes existentes están «plagados de errores» y planteará nulidades al inicio del juicio, según recoge el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

«El inicio de este procedimiento estuvo manipulado y se trató de un claro montaje para controlar el urbanismo de la ciudad de Estepona al servicio de intereses económicos espurios de terceros», señala su defensa, que ha pedido en varias ocasiones que se practiquen pruebas relacionadas con el ex comisario José Manuel Villarejo por «su supuesto interés personal en esta investigación».

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto arrancar este lunes el juicio del caso Astapa. El procedimiento se inició en 2007, hace ya 16 años, y acumula 50 acusados.

Caso Astapa

La Fiscalía Anticorrupción apunta que cuando en junio de 2003 los imputados tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

También señala la creación de una caja B que se nutría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios. El Ayuntamiento recibía también «donaciones directas» en patrocinios de actividades deportivas y culturales.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos asuntos investigados, como son los diferentes tipos de convenios, las actuaciones en materia de disciplina urbanística, los depósitos bancarios en Suiza y Andorra, los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, la supuesta financiación irregular de partidos políticos, los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones presuntamente irregulares de técnicos municipales.

Además de Barrientos están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona (PES), así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.