Abusos a menores

Piden 42 años de cárcel para un sacerdote de Córdoba que se dejó penetrar por menores a cambio de regalos

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Un párroco se desinfecta las manos durante la celebración de la Santa Eucaristía (EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS).
David García de Lomana

La Fiscalía pide 42 años de prisión para un sacerdote de la Subbética acusado de abusar sexualmente de tres menores en una localidad de la provincia de Córdoba. El Ministerio Fiscal señala al clérigo como presunto autor de tres delitos continuados de abusos sexuales y otros tres delitos continuados de prostitución, explotación sexual y captación de menores.

El caso se encuentra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, pendiente de juicio. Los hechos se remontan al pasado 2018 en el entorno de una parroquia. El acusado, según relata la Fiscalía, habría ofrecido regalos a a las víctimas, todas ellas menores de 16 años, para motivar encuentros sexuales. Móviles de alta gama, ropa, zapatillas o dinero en efectivo a cambio de practicar tocamientos y felaciones a los menores.

Según recoge la calificación provisional de los hechos, adelantada por Diario de Córdoba, llegó a ser penetrado por una de las víctimas. Uno de los chicos fue invitado al domicilio del sacerdote para comer y ver la televisión, si bien aprovechó el encuentro para realizarle presuntos tocamientos por encima de la ropa. Finalmente, según el escrito, el acusado acabó practicando sexo oral y fue penetrado por el menor.

Tal y como relata el fiscal, y «aunque en principio fue el acusado el que les propuso a cada uno tener relaciones», después, cuando las víctimas deseaban algún objeto de su interés o dinero, acudían en busca del presunto autor, sabedores de que podían obtenerlo a través de las relaciones sexuales. «El acusado nunca empleó violencia o intimidación de algún tipo», asevera el Ministerio Público. Sus regalos y artimañas eran suficientes para embaucar a los menores.

Por tanto, la Fiscalía solicita diez años de prisión y un día por cada uno de los presuntos delitos de abusos sexuales, así como diez años de libertad vigilada, su inhabilitación y 25 años de alejamiento e incomunicación con las víctimas. Por cada uno de los delitos de prostitución, la pena de cárcel pedida asciende a cuatro años y un día, además de cinco años de libertad vigilada y 25 años de orden de alejamiento.

Cabe citar que con motivo de la consulta realizada por la Fiscalía General del Estado para indagar los abusos y agresiones sexuales a menores en la Iglesia, la Fiscalía Superior de Andalucía informó el pasado 14 de febrero de que existían cinco causas abiertas en las provincias de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Comunicado del Obispado

El Obispado de Córdoba ha destacado este miércoles que al citado sacerdote ya se le impusieron en su momento «las medidas cautelares necesarias, que incluyen la suspensión del ejercicio público del ministerio».

En un comunicado, el Obispado, «una vez que se ha hecho pública la situación judicial» del acusado, ha querido dejar claro que, «en comunión con el Magisterio de la Iglesia, condena todo tipo de maltrato o abuso cometido contra los menores y las personas vulnerables».

Además, «seguirá estando comprometido decididamente con la prevención de este tipo de delitos» y en «la actuación contra los mismos, a través de su Código Diocesano de Buenas Prácticas, el Protocolo Diocesano de Actuación, la Oficina Diocesana para la Protección de los Menores en la Iglesia y la aplicación de la normativa canónica».

En relación con el caso que se ha hecho público, el Obispado ha explicado que, «desde septiembre de 2018», año en que se denunciaron los hechos, está «cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, imponiendo las medidas cautelares necesarias, que incluyen la suspensión del ejercicio público del ministerio», a la vez que actúa «protegiendo en todo momento a las posibles víctimas».

Por último, en el comunicado el Obispado de Córdoba ha subrayado que seguirá «colaborando con la justicia civil para favorecer el esclarecimiento de los hechos».

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