Llega el fin del ‘caso ERE’: Chaves, Griñán, 17 ex altos cargos socialistas y 680 millones malversados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebra a partir de este miércoles la vista pública de los recursos contra la sentencia de los ERE, por la que se condenó a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación. En 2019, recuerden, la Audiencia de Sevilla condenó sendos expresidentes socialistas así como a otros 17 ex altos cargos socialistas andaluces por delitos de malversación y prevaricación. Se trata de la mayor trama de corrupción de la historia de España, en la que se investiga el reparto, durante una década, de casi 680 millones de euros.

Ahora, en una sesión que se celebrará entre el miércoles y el jueves, el Supremo analizará los recursos de aquella sentencia, que indicaba que los ex presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, eran en cada uno de los casos «plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» en que participaron.

Condenas a Chaves y Griñán

José Antonio Griñán está condenado por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

En el caso de Griñán, apuntaba el fallo, que «la presupuestación de gastos ficticios», en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».

En cuanto a Chaves, señalaba la Audiencia de Sevilla que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009», así como le atribuía que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento», circunstancia que le llevaba a concluir que lo hizo «conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales».