Detenidos por aprovechar la inmigración ilegal para dar a luz en España y obtener la nacionalidad

La operación Vástago de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa una realidad irrefutable: además de por motivos humanitarios la inmigración ilegal se produce para cometer delitos o fraudes por parte de personas extranjeras en nuestro país. En este último operativo la Benemérita ha desarticulado una organización que usaba a mujeres embarazadas para obtener la nacionalidad española de los bebés de forma fraudulenta. Para cometer el delito era crucial la participación de un español en el montaje.

Todo ocurrió justo antes de que la pandemia por el coronavirus provocara el cierre de las fronteras terrestres entre Marruecos y España a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esos primeros meses del año se registró un enorme aumento de entradas a España desde Marruecos a través de estas vías. Concretamente en Melilla los investigadores de la Guardia Civil habían percibido antes de marzo de este año como una estadística se había disparado con respecto a otros años en el hospital comarcal de Melilla. Allí, más que en ninguna otra época se habían alcanzado una cifra muy llamativa en cuanto a partos asistidos a mujeres llegadas días u horas antes desde el otro lado de la frontera para ingresar como parturientas a término en el Hospital Comarcal de Melilla. La práctica en sí no conllevaría ningún problema si se aplicara el régimen habitual sanitario para personas extranjeras que requieren de asistencia en nuestro país. La persona en cuestión es atendida por la dolencia o necesidad que requiera, recibe el alta, regresa a su país y ambos estados, España y el del paciente en cuestión, ajustan sus cuentas de gasto sanitario.

Sin embargo, el comportamiento de estas mujeres tras dar a luz fue lo que activó todas las alarmas. 36 niños de madres extranjeras habían venido al mundo en el citado hospital. Las mujeres habían atravesado el paso fronterizo de Beni-Enzar, daban a luz a los niños y, como no puede ser de otra manera, recibían toda la documentación pertinente del bebé tras el alumbramiento. Y aquí arranca el fraude. Los investigadores, llevados por el elevado número de partos en marzo, le siguieron la pista a dicha documentación a través del registro civil de la ciudad, y se dieron cuenta de que a todos estos niños los inscribían ciudadanos con nacionalidad española, quienes daban sus apellidos a los niños al registrarlos como hijos biológicos propios junto con la madre extranjera. Del registro los falsos padres de los niños salían con un libro de familia absolutamente legal y válido para hacer tantas gestiones como fueran necesarias con respecto al niño recién nacido.

De 1.000 a 3.000 euros por niño

Así que los falsos padres lo primero que hacían con la citada documentación era solicitar en la jefatura de Policía Nacional de la ciudad el DNI para el niño y en la oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno el NIE para la madre. En cuestión de horas desde el nacimiento del bebé en Melilla, el niño y la madre obtenían la documentación necesaria para residir legalmente en España y en el caso del niño la nacionalidad automática.

Los investigadores no solo se fijaron en la traza que dejaban las madres y la obtención de los documentos en cuestión. Los falsos padres biológicos han sido claves para una investigación en la que se han realizado pesquisas policiales sobre 40 personas. Los hombres que registraban a los niños solían coincidir en un mismo perfil: escasez de recursos económicos, comportamiento delincuencial y sobre todo ningún complejo a la hora de aceptar entre 1.000 y 3.000 euros a cambio de falsificar la paternidad de los recién nacidos. En este sentido los investigadores de la Guardia Civil destacan que ha habido hombres que han llegado a registrar a seis niños como hijos biológicos suyos y de cinco madres extranjeras distintas. Tan enmarañado resultaba el listado resultante de niños, falsos padres y madres que la investigación ha necesitado de la ayuda del Servicio Central de Criminalística. Sólo a través de análisis de ADN se ha podido demostrar de manera irrefutable que los padres que registraban a los niños no tenían con ellos más parentesco que el dinero que recibían a cambio de registrarlos de forma fraudulenta.

La operación Vástago es la última realizada por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas, pero no la única que se está llevando a cabo relacionada con la inmigración ilegal como instrumento para delinquir. Este mismo mes en Granada una organización fue desarticulada tras detectarse empadronamientos fraudulentos usando documentación falsa. Los empadronados acababan de llegar a la ciudad, Habían volado desde Canarias tras ser rescatados y acogidos durante la reciente crisis migratoria de las islas. Este tipo de fraudes se ha disparado durante 2020 como consecuencia de la vulnerabilidad fronteriza que sufrimos como consecuencia de la pandemia y el cierre de las fronteras de algunos países desde donde se produce la inmigración ilegal.