Denuncian a la alcaldesa socialista de Castilleja por prevaricación y malversación durante más de 20 años

Adelante Castilleja ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), la socialista María Carmen Herrera Coronil, y contra otros cargos y funcionarios del Ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Los hechos que se investigan tienen, según los denunciantes, apariencia delictiva en el proceso de contratación pública en la concesión administrativa de la parcela municipal El Valero para completar una superficie comercial y de ocio como extensión a las ya existente (IKEA y CC Airesur).

Los hechos se remontan al año 2003, cuando la actividad de gestión, intervención y participación del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el contrato administrativo y los sucesivos convenios urbanísticos, exceden de lo que es una «mera actuación de ente público», sorteando su obligación de velar por el servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y dando como resultado una «falta absoluta de objetividad en el cumplimiento de sus fines, beneficiando a la empresa privada que fue la adjudicataria del concurso y ocasionando un perjuicio económico para las arcas municipales de más de tres millones de euros».

La representación legal de la formación política, el bufete Sires Abogados, ha solicitado en su denuncia que, por la Unidad Policial Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Sevilla, se instruya atestado para investigar los hechos que se denuncian así como la identidad de sus responsables, todos ellos miembros de las diferentes juntas de gobiernos locales que ha tenido el consistorio y que hayan participado en el proceso de contratación pública del contrato de concesión administrativa.

Para José Antonio Sires, abogado penalista de Sires Abogados, la documentación analizada, tras un estudio de varios años, arroja una actuación del Ayuntamiento en estas dos décadas «arbitraria y no adecuándose a la legalidad, fuera de la norma e incumpliendo su obligación de velar por el interés general como principio inspirador de las políticas públicas».