Declaran dos mandos por la muerte de los soldados de Cerro Muriano: «Veo aclaradas muchas cuestiones»

Tras las declaraciones de un teniente y un sargento investigados por el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla por las muertes del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos León Rico durante las maniobras en Cerro Muriano (Córdoba), el letrado Luis Romero, que representa a la familia del difunto Carlos León Rico, ha manifestado que ambos han respondido a las preguntas del juez y de la fiscal, pero no habrían accedido a contestar a los abogados de las familias de los fallecidos.

Al entender de Luis Romero, el sargento, durante su comparecencia, «ha aclarado muchas cuestiones», mostrando según sus palabras que él habría sido «una víctima más» de los hechos, pues tras la maniobra de cruce del lago saldada con la muerte de los dos citados efectivos, por la temperatura y las circunstancias en las que se desenvolvió la prueba, este sargento «estuvo hospitalizado» y afrontó diferentes padecimientos; toda vez que el teniente, a su juicio, «no ha reconocido tantos hechos».

Declaraciones

El capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán estaban llamados a comparecer este viernes como investigados ante el tribunal después de que el mismo, merced al pronunciamiento de la Fiscalía, rechazase las solicitudes de prisión provisional promovidas por las representaciones de las familias de los efectivos fallecidos.

En concreto, la familia del soldado sevillano pedía cárcel provisional para el capitán investigado en el caso, mientras la representación de la familia del cabo cordobés reclamaba prisión provisional para el capitán y además para el sargento y el teniente también investigados, extremo que como ha sido señalado contaba con la oposición del Ministerio Público.

Responsabilidad

Sus comparecencias, según ha dicho, han corroborado «en general» la idea inicial de que «la responsabilidad» del asunto recaería supuestamente sobre el capitán Zúñiga y de que habrían pesado «negligencias muy graves», como instrucciones dadas a la tropa directamente «en la orilla del lago», justo antes de comenzar la maniobra de cruce.

Además, el letrado ha lamentado que el magistrado del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla le haya «advertido en tres ocasiones» sobre su contacto con los medios de comunicación, exponiendo que el caso ha despertado «alarma social», la sociedad demanda información sobre el asunto y debe prevalecer «la libertad de información, sin revelaciones extremas ni conculcación de derechos».

Igualmente, Luis Romero ha asegurado que en estas comparecencias «se ha podido ver que hay más responsables» de los hechos, pues la representación de la familia del soldado sevillano fallecido en la base insiste en reclamar que además del capitán, el teniente y el sargento, sean investigados en la causa el resto de la cadena de mando, es decir el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra, dos coroneles, -tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día-; el teniente coronel y el comandante.

Seguridad

Y es que según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano «sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo» los citados mandos militares «el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas», según el letrado Luis Romero.

«Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso. En esta línea, llama la atención lo manifestado por un soldado, refiriendo que el capitán dijo: Me suda la polla, todo el mundo para adentro», detalla el relato de esta acusación particular. Al hilo, señala los testimonios que «refieren que algunos soldados tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes» en el ejercicio.

Aplazamiento

Para el letrado, pesa «la imputación objetiva en el presente supuesto, pues el capitán se hallaba en posición de garante, habiendo podido evitar el fatal resultado de dos muertes mediante la acción que le era exigible y ha omitido, en este caso, asegurarse de disponer de las medidas de seguridad adecuadas; y en caso de que no se tuvieran, haber aplazado la práctica, algo que fue propuesto por muchos de los soldados».

La representación de la familia del soldado sevillano fallecido añade que el coronel que aprobó la maniobra sabía que la misma no estaba incluida en el Plan de Instrucción Básico de un soldado de infantería; mientras la defensa del capitán precisa de su lado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está «regulado específicamente en ninguno de los casi «300 manuales» de un informe del Estado Mayor.

«Las demás figuras referidas forman parte de la cadena de mandos responsables y transmiten las órdenes del coronel, personas que deberían haber supervisado que todo fuera correcto y estuviera legalmente establecido, algo que tampoco se hizo», agrega además la familia del soldado fallecido; insistiendo en que la supuesta «línea de vida» instalada en el lago «no era tal, sino que simplemente era una cuerda guía, que además parece ser que fue soltada por las personas que se encontraban en la orilla, obedeciendo la orden del capitán».

Todo, ello, en un marco en el que «no había ningún socorrista ni equipos de salvamento (tales como flotadores salvavidas, etc.) ni personal para ello al lado del lago supervisando la práctica de la maniobra de vadeo»; así como tampoco había «ambulancia ni personal sanitario o facultativos de emergencia».