CEAR protege a los inmigrantes ilegales: «Las devoluciones en caliente son ilegales»

El acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana contempla, además de poner fin a las balas de goma o las sanciones graves por desobediencia, terminar con las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. A este respecto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) espera que la modificación del texto legal suponga acabar con estas prácticas, que considera «ilegales» por negar el derecho al asilo de los inmigrantes, también ilegales. Estrasburgo ya avaló las devoluciones en caliente cuando España mandó de vuelta inmediata a Marruecos a un marfileño y un maliense que saltaron la valla de Melilla en 2014, junto a otros 80 inmigrantes subsaharianos.

La bautizada por la izquierda como Ley Mordaza (aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Rajoy) estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar de forma irregular la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados «a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Según el texto propuesto ahora, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana el Gobierno de Sánchez se compromete a reformar la Ley de Extranjería con una nueva disposición que «deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de derechos humanos y protección internacional».

En consecuencia, añade el texto acordado, se instalarán oficinas de asilo en la frontera para estudiar la situación de los inmigrantes antes de dictar una orden de expulsión

En 2020, recordemos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) revocó una condena a España y estableció que las devoluciones en caliente de los inmigrantes que saltan la valla de Melilla para entrar ilegalmente en España no vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos, puesto que entran en territorio nacional violando el ordenamiento jurídico y empleando la fuerza.

Cabe recalcar además que la normativa internacional no obliga a acoger a los inmigrantes que migran por razones sociales o económicas, sin bien prevé la posibilidad de solicitar asilo o estatuto de refugiado en caso de persecución por motivos políticos o ideológicos. También prohíbe devolver a sus países de origen a las personas que se encuentren en riesgo de ser sometidas a pena de muerte, sufrir torturas o tratos inhumanos y degradantes.

A este respecto, el sindicato policial Jupol ya denunció a OKDIARIO Andalucía que las ONG aconsejan a los inmigrantes decir que son homosexuales para permanecer en suelo español por razones humanitarias.

Las ONG muestran su apoyo a la reforma

Así las cosas, fuentes de CEAR han mostrado en declaraciones a Efe su deseo de que este cambio normativo implique el fin real de estas prácticas que llevan «años» denunciando puesto que, según sostiene la ONG, «vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución», así como los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y de asilo.

«Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden», argumenta CEAR.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, que ha insistido en que las devoluciones en caliente son «ilegales y contrarias al derecho internacional».