Turno para la mano derecha de Montoro y los guardias civiles que participaron en los registros del 20-S

En la quinta semana del juicio, la ronda de testificales arranca mañana con la comparecencia de Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda, que estaba citado el pasado jueves pero que debido a la extensión de la comparecencia del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, tuvo que aplazarse a este martes.

Rico deberá responder por el posible uso de fondos públicos durante el «procés» pese a que la Generalitat estaba intervenida, si bien su jefe en aquella época, el ex ministro Cristóbal Montoro admitió en el juicio que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos a la organización del 1-O porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».

Después, será el turno de David Badal, funcionario del Departament de Trabajo, que también comparecerá mañana antes de dar paso a los 24 guardias civiles que participaron en los registros del 20-S, si bien no están citados aquellos de la Consellería de Economía -donde se produjo la multitudinaria concentración y los destrozos a los coches patrulla del instituto armado-, salvo los que estuvieron en el de Lluís Salvadó.

Los primeros en declarar serán los agentes que intervinieron en los registros de los principales colaboradores de Oriol Junqueras durante su etapa como vicepresidente de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017, los que entraron en el departamento de Exteriores y también algunos de Unipost.

La sesión del martes la cerrarán los agentes que analizaron los correos electrónicos intervenidos a la ex consellera Dolors Bassa.

Ya el miércoles, continuarán las comparecencias de los análisis de los correos de más acusados, en este caso del ex íder de ANC Jordi Sànchez, del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de los ex consellers Joaquim Forn, Carles Mundó y Meritxel Borrás.

Mientras que el jueves abrirán la jornada los agentes que participaron en el registro de Francesc Sutrias, entonces director general de Patrimonio de la Generalitat y aquellos que incautaron cerca de 10 millones de papeletas en los registros del polígono de Can Barri de Bigues i Riells (Barcelona) y 40.000 certificados de miembros de mesas en Unipost, además de los que intervinieron en las empresas Buzoneo Directo y Disnet.