Sánchez quiere que la búsqueda de víctimas del franquismo se haga sin control judicial

El PSOE quiere que la ola de búsquedas de víctimas del franquismo se haga sin control judicial. La transformación de la Ley de Memoria Histórica que prepara el PSOE a raíz de la exhumación del Valle de los Caídos puede ser más profunda de lo esperado. Y es que el Gobierno quiere generalizar las búsquedas de víctimas del franquismo por medio de, en primer lugar, financiación extra, y, en segundo lugar, de la exclusión del control judicial de los trámites iniciales.

Con este fin, el PSOE quiere que sean “las administraciones públicas competentes” -los ayuntamientos y comunidades- las que autoricen “las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas”. Y sólo después sería cuando los hallazgos se pondrían en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

Desde el PSOE subrayan que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, son las encargadas de establecer el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las víctimas puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar.

Es más, incluso la exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de la autoridad competente. En esa autorización es en la que se deberá ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. Para ello, y con carácter previo a la correspondiente resolución, la administración competente deberá dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado para su inclusión en el mapa nacional de víctimas.

La proposición de ley de diciembre de 2017 del PSOE recogía, de hecho, la explicación de que “el expediente de localización, y exhumación e identificación en su caso, se podrá realizar a instancia de cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes hasta cuarto grado, sus ascendientes y sus colaterales”.

A partir de ahí aparece el poder judicial: deberá haber un expediente judicial recogiendo las medidas y requisitos para la realización de la exhumación, desplazamiento e inhumación.

En resumen, que la primera fase -la de recogida de solicitudes y búsqueda- sólo tendrá un control administrativo, no judicial. Algo que puede disparar los permisos de búsqueda y de ocupación temporal de terrenos para realizar la comprobación de la existencia de cuerpos o enterramientos.

La medida forma parte de los cambios que baraja el Gobierno para llevar a la práctica su política completa de “memoria histórica”. Para ello pretende financiar a las asociaciones de víctimas del franquismo para que entreguen muestras al banco nacional de ADN. Y, además, concederá permisos de ocupación temporal de propiedades privadas para exhumar víctimas del franquismo. Porque el presidente está dispuesto a seguir adelante con su plan de convertir la Guerra Civil en el tema habitual y rutinario de los españoles a lo largo de los próximos meses.